La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió expulsar al prosecretario de la Oficina de
Oficiales de Justicia que intimidó a personal de seguridad tras ser fotografiado rompiendo la cuarentena en un country de Yerba Buena. Poseía un extenso prontuario de apercibimientos, traslados y faltas al trabajo.
Alejandro Vallejo, prosecretario de la Oficina de Oficiales de Justicia, quien había cobrado trascendencia luego de una serie de audios amenazantes contra guardias y administrador del barrio privado Los Azahares de Yerba Buena
–material difundido por eltucumano.com el pasado 12 de abril-, fue expulsado del Poder Judicial provincial por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Según se desprende de la Acordada N° 326, publicada este 5 de junio, la presidenta del máximo tribunal, Claudia Sbdar, y los vocales Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, resolvieron desplazar de su cargo al funcionario al considerar que la conducta de Vallejo resulta “irregular e impropia de cualquier dependiente que preste servicios en el Poder Judicial”. Por su parte, el vocal Daniel Posse fue el único que no adhirió a la decisión de sus pares y, por el contrario, propuso restar tres grados de jerarquía al cuestionado. Antonio Estofán, vocal decano, no se expidió al respecto al encontrarse de licencia.
"El Prosecretario Vallejo es contumaz en ignorar leyes, reglamentos y disposiciones que rigen su actuación y proceder, cuando su condición de funcionario judicial exige una conducta ejemplar y responsabilidad en el desempeño de su cargo", reza el documento en sus conclusiones previas a la resolución final y drástica.
“Escúchenme, porteros. ¿Por qué no se preocupan a cuidar el country? No me rompan el pingo, por favor les pido. Así. Y si te lo tengo que decir de frente, te lo voy a decir de frente. Al que ha pasado recién (un guardia), que a ese lo tengo entre cejas, lo voy a hacer correr pal pingo a ese.
Le voy a armar una causa penal y lo voy a hacer correr pal pingo. Así que pido, por favor, no me rompan el pingo. Dedíquense a cuidar, a informar quién viene y a levantar la barrera; nada más. Lo que pase adentro es problema mío como propietario. ¿Estamos? Nada más, gracias”. De esa forma, Vallejo, quien es propietario en el country Los Azahares, advertía a los guardias de turno sobre su futuro en caso de informar que se encontraba rompiendo la cuarentena decretada el pasado 20 de marzo.
El caso del funcionario judicial llegó al día siguiente a oídos de integrantes de la Legislatura tucumana.
Federico Masso presentó un
proyecto de resolución para "exhortar al Poder Judicial de Tucumán a tomar medidas disciplinarias e iniciar el correspondiente sumario”. A las horas, fue el propio Vallejo quien
salió a bajarle el tono a sus amenazas, a través de diario
La Gaceta. “En los audios me sobrepasé porque no soy nadie para armar una causa penal a alguien”, se había defendido quien aseguraba sólo había salido de su casa a buscar a su perro mini salchicha prófugo del hogar.
Alejandro Vallejo posee un extenso listado de faltas y apercibimientos por inconductas en cumplimiento de su labor. Un prontuario en el que figuran un sumario y cinco traslados en apenas 10 años.
Algunas de las graves faltas de Vallejo
- El 1° de julio de 2015 fue suspendido sin goce de sueldo por 45 días luego de haber entregado en forma irregular a una niña que estaba a su cuidado. Del sumario administrativo abierto a instancias de la jueza de Familia, Rossana Martínez, se desprende que la actitud de Vallejo permitió que una adulta se fugara con la nena.
- Asignado al Archivo por problemas disciplinarios, Vallejo fue apuntado por “indiferencia respecto al trabajo” y “rechazo total por las tareas encomendadas”. “Se retiraba de del Archivo de forma diaria y sin previo aviso”, detallaron sus superiores en su momento.
- Entre el 13 de febrero y el 5 de marzo, antes de la amenaza a los guardias de seguridad y el asueto extraordinario dictado por la Corte, asignado al Juzgado Correccional en lo Penal N° 2, el prosecretario sólo se presentó a trabajar dos jornadas y media.
Vallejo había llegado al Juzgado Correccional en junio del año pasado después de pasar por la Secretaría Administrativa, por el Archivo, por la Defensoría de Menores e Incapaces N°2, y la Defensoría Oficial en lo Civil y Laboral N°1. En la Oficina de Oficiales de Justicia, último pase registrado, el ahora exprosecretario sólo llegó a trabajar 12 días por el asueto extraordinario establecido por la Corte Suprema provincial.
A pesar de las graves faltas y la inconducta del funcionario judicial expulsado, en 25 años de servicio logró acceder al puesto de prosecretario clase “C”,
un puesto por el que percibía una suma cercana a los $200.000.
La Acordada de expulsión