Ingrid Lausberg, directora en el canal por parte del gobierno de la Provincia, solicitó en octubre de 2022 que el actual directivo Rodolfo Tercero Burgos tome licencia "hasta tanto se aclare su situación procesal". Silencio del rectorado de la UNT.
Burgos ─ a la derecha de la foto─ es el funcionario señalado por Lausberg. Bardón, Saab, García y Díaz completan la imagen.
“Me reservo el derecho de hacer presentación con igual pedido, al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Tucumán Ing. Sergio Pagani, a la Sra. Vice Rectora Dra. Mercedes Leal y al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, para que, dichas autoridades informen cual es el criterio de la Universidad sobre los casos de denuncias por abuso sexual a funcionarios de esa Casa de Altos estudios; en igual sentido me presentaré ante Organismos referidos a la protección especial de la niñez”.
Este fue uno de los puntos que la directora de Canal 10 por parte del Gobierno de la Provincia Ingrid Lausberg, realizó en octubre del año pasado a través de una nota enviada al Directorio de la señal y al rector de la UNT, Sergio Pagani, cuando se conoció el requerimiento de elevación a juicio contra el expresidente y actual directivo del canal, Rodolfo Tercero Burgos, imputado por el abuso sexual de su hija menor en 2021.
El múltiple empleado universitario ─ya que además de su cargo en Canal 10 es docente en la Facultad de Derecho y abogado querellante en representación de la UNT en la causa por el robo de la ciudad universitaria de San Javier─ se encuentra imputado y a las puertas de un juicio oral donde deberá “responder como autor del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO POR EL ASCENDIENTE previsto y penado por los Art. 119 Primer párrafo en función del cuarto párrafo inc. B del Código Penal, en perjuicio de M.B.B.”
El Fiscal Subrogante de Instrucción de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Fernando Blanno, expresó en junio de 2022 que se encontraba acreditado el delito en contra de la menor, que por ese entonces tenía 3 años. “En relación al planteo de ampliación de la imputación a los fines de encuadrar los hechos en el delito de ‘Corrupción de Menores’, cabe señalar que, a criterio de esta acusación, los hechos atribuidos al imputado Burgos Rodolfo se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas, especialmente, la declaración testimonial de la víctima realizada a través de Cámara Gesell. Que dicho episodio lícito encuadra, prima facie, en el delito de ‘Abuso sexual agravado’, ello sin perjuicio de la probable variación posterior de la situación”, detalló en un decreto en el que decidió “no hacer lugar” a un pedido de ampliación de la denuncia por “Corrupción de Menores" realizado por la querella.
Por estas razones, Lausberg solicitó 10 meses atrás a las autoridades universitarias que aclaren los criterios para tratar estos casos, como también pidió al directorio del canal que trate “la licencia preventiva” hasta que se aclare su situación procesal del funcionario señalado.
El silencio de la UNT sobre la causa Burgos no es algo de los últimos meses. En octubre de 2021 la querella representada por el abogado Gustavo Morales puso en aviso al por entonces Rector José García, y a la exDecana de Abogacía Adela Seguí, a través de cartas documentos, que ponían a las autoridades al tanto sobre la situación de Burgos en la causa “Burgos Rodolfo Tercero s/ Abuso sexual agravado” y solicitaba que se adopten “medidas disciplinarias que correspondan ante tamaña imputación".
Esta solicitud sólo fue respondida por Seguí, que en abril del 2022 pasó actuaciones al Consejo Directivo para iniciar juicio académico contra el docente de Derecho Constitucional de dicha facultad, que no tuvo avances.
Por esta razón, Morales inició una querella criminal en la Fiscalía General Federal de Tucumán a cargo de Antonio Gustavo Gómez, en contra de García y el por entonces vicerrector Sergio Pagani, además de los otros integrantes del Consejo Superior de la UNT, por considerar que incurrieron en el delito de “encubrimiento agravado” en los términos del Art. 277 inc. 12, apartados a. y d. e inc. 32 apartados a. y d. del Código Penal.
La gravedad y la falta de respuesta por el caso Burgos se contradice con las medidas adoptadas por el Consejo Superior en octubre de 2016 contra Sergio Aragón, por ese entonces titular de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán, y que fue acusado por tres mujeres por acoso laboral y sexual.
Debido a las denuncias, Asuntos Jurídicos de la universidad abrió una investigación donde las acusaciones fueron ratificadas. Luego se conoció que el titular de esa área, Augusto González Navarro ─sindicado como presunto partícipe del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier─, aconsejó a las denunciantes de que fueran trasladadas transitoriamente, a lo que ellas se negaron. El 16 de diciembre de ese año, luego de un pedido explícito de la entonces rectora, Aragón presentó su renuncia a través de un escrito donde negó todas las acusaciones que hicieron sobre él.
Dos años después, en 2018, la UNT se vio sacudida nuevamente por acusaciones de violencia de genéro y abuso sexual que involucraban a dos docentes de la centenaria institución. Estos fueron los de Eduardo Hassan, docente de la Facultad de Odontología y Víctor Chocobar, profesor de la Facultad de Derecho, que tras estallar las denuncias en su contra, ambos fueron separados preventivamente de sus cargos y como respuesta a las presiones impuestas por la opinión pública, mientras que meses después fueron destituidos y exonerados respectivamente de sus cargos.
LA NOTA PRESENTADA POR LAUSBERG EN OCTUBRE DEL 2022: