El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán renunció tras 23 años en la provincia y dejará su cargo el próximo 31 de enero. Las enemistades con algunos de sus colegas, sus críticas al sistema Federal de Justicia, las causas que aún quedan pendientes y la dificultad de avanzar con denuncias que involucran a la UNT: “Quienes investigan, acusan y juzgan, son docentes de la propia universidad”.
Gustavo Gómez dejará su cargo el próximo 31 de enero.-
Luego de 23 años a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, el fiscal General Gustavo Gómez presentó su renuncia, que ya fue aceptada y confirmada por el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
El funcionario judicial, que abandonará su cargo el próximo 31 de enero, será reemplazado interinamente por Rafael Alberto Vahils Ruiz, actual fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Catamarca, que también reemplaza a Carlos Brito, que tras 38 años al frente de fiscalía Federal N°1 decidió renunciar dejando un historial de graves acusaciones en torno a su desempeño, principalmente en el caso del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), un fraude multimillonario que afectó a la provincia y quedó impune bajo su "investigación".
El pasado viernes, FM La Tucumana 95.9 mantuvo una entrevista exclusiva con al aún fiscal General, Gustavo Gómez, donde explicó que los motivos de su decisión son varios, como ser su edad, reclamos familiares y sus tensiones con colegas. “Es muy curioso: yo no me llevo bien con los fiscales de primera instancia, salvo algunas excepciones en Santiago del Estero, pero en general no. Discrepo mucho, ellos mismos me cuestionaban y pedían a la Cámara Federal que me saquen de las causas importantes”, contó el funcionario judicial en una entrevista con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano.
“La Cámara Federal, con jueces que no tengo una buena relación, me sacaban de causas muy importantes, como minera Alumbrera y otras vinculadas a otros expedientes. Creo que se han amontonado un montón de razones y mi trabajo está prácticamente paralizado. Mi procurador general (Eduardo Casal) me ha llamado en reiteradas oportunidades la atención, entonces dije basta. Me parece que puedo trabajar desde el otro lado del mostrador y no rendir cuentas a nadie y ser más efectivos”, afirmó Gómez.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a un pedido de recusación contra el fiscal federal General, Gustavo Gómez, realizado por el fiscal federal, Carlos Brito, por la causa “IMPUTADO: CALLATA, CRISTIAN DANIEL s/INFRACCIÓN LEY 23.737”, donde adujo una “enemistad manifiesta” contra él provocando “pérdida de objetividad que debe observar en su función, careciendo de equilibrio en los dictámenes que presenta en actuaciones donde interviene el suscripto”.
Con esta maniobra, Brito buscó apartar a su jefe directo de las causas de corrupción que investiga, entre ellas, el escandaloso robo de la Ciudad Universitaria de la UNT, causa que fue reactivada por Gómez, que pidió detenciones y nuevas indagatorias contra actuales funcionarios universitarios como ser José Hugo Saab y Augusto González Navvaro, y ante ello Brito lo recusó de la causa.
En ese sentido, el fiscal General reconoció que aún hay muchas causas pendientes en la Justicia Federal tucumana, la que aseguró está en deuda con los tucumanos. “Creo que la Justicia Federal de Tucumán está en deuda con la sociedad en expedientes muy importantes. Hay otros que se han estado llevando a cabo y se han ido investigando, incluso el hecho de pensar que uno de los empresarios más importantes de Tucumán, como es Rocchia Ferro tenga la posibilidad de ir preso, tras las rejas, por la contaminación de la cuenca del Río Salí me parece que es un tema resonante”, lanzó.
Y agregó: “En Tucumán siempre se cree que los poderosos de turno, sea económica o políticamente, nadie se le acerca y nosotros hemos demostrado todo lo contrario”.
En otro tramo de la entrevista, Gómez fue consultado por su enemistas con Carlos Brito, que surgieron en torno a la causa por el desfalco de fondos que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria. “Las demoras en ese expediente para llegar a un juicio son notables. A eso hay que sumarle que hay otra causa penal en trámite en la fiscalía que dejó el doctor Brito. Espero que el doctor Vahils Ruiz la impulse para llegar a pronto a juicio, que tiene que ver con los casos de sobrefacturación en las obras de la universidad, donde hay una veintena de empresarios de la construcción procesados. Me llama la atención que las empresas constructoras guarden silencio en estas cuestiones”, afirmó.
En ese sentido señaló que a su parecer “la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tiene por regla general no ser querellante en las causas penales. La Facultad de Derecho todavía tiene en danzas aquí la causa penal por la falsificación de notas en más de un centenar de alumnos. También hay causas penales, iniciadas en la Facultad de Medicina, por el manejo de fondos relativos a Enfermería”, detalló.