El Ministerio Público Fiscal de Tucumán extinguió la acción penal contra la funcionaria y líder feminista, quien chocó y mató a Brenda Carrazano en diciembre de 2023 cuando cruzó la avenida Alfredo Guzmán a gran velocidad y hablando por celular. En octubre de 2024, Leal "compró su impunidad" a la humilde familia de la víctima por $53.000.000. La influencia de José Hugo Saab y la sorpresiva contratación de familiares de la víctima en la UNT.
La homicida impune, Mercedes Leal, sonríe al ministro Público Fiscal que le extinguió la acción penal.
Brenda Carrazano, la humilde tucumana trabajadora atropellada por Mercedes Leal junto a sus tres pequeños hijos .
Después de trabajar todo el día atendiento a los comensales del Shopping El Portal de Yerba Buena, Brenda Carrazano, de 27 años, subió a la pequeña Motomel de su compañero para regresar a su casa en Lules y reencontrarse con sus tres hijos. Tomaron la avenida Alfredo Guzmán, lateral del shopping, y no habían recorrido una cuadra cuando desde una calle lateral los embistió una camioneta Toyota Corolla Cross a gran velocidad. Brenda murió en el acto. Su cadáver estuvo más de 7 horas tirado hasta que llegó la Polícia.
La causa judicial fue caratulada “Leal Mercedes del valle s/ homicidio culposo en accidente de tránsito art. 84 bis 1 víctima: carrazano Brenda Janeth” y estuvo a cargo de los fiscales Diego Hevia y Pedro Gallo. Vecinos testigos del hecho aseguran que la conductora, Mercedes Leal cruzó lateralmente la avenida manejando a alta velocidad y hablando por celular. A pesar de la evidencia, ahora se conoció que la funcionaria no afrontará Juicio Penal alguno porque habría “comprado” su impunidad con una cifra millonaria (y hasta nombramientos de familiares de Brenda en la UNT). El expediente S-107729/2023 es todo un símbolo de la impunidad e injusticia social que asola a Tucumán cuando se trata de la clase política.
En este sentido,y a pesar del evidente homicidio agravado por parte de la vicerrectora de la UNT, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán resolvió la extinción de la acción penal avalando el pago de $53.000.000 (44.000 dólares al cambio de la fecha) a la familia de la víctima. Mediante este pago -equivalente al valor de la camioneta de la funcionaria-, Mercedes Leal evitó la cárcel y cualquier tipo de sanción penal, cerrando el caso bajo con una interpretación corrupta del Artículo 59 del Código Penal con un mensaje alarmante: en Tucumán, matar al volante puede no tener consecuencias si se tiene dinero e influencias.
En efecto, en octubre de 2024, Leal llegó a un acuerdo conciliatorio con el padre de Brenda y tutor legal de los tres hijos tras la muerte de la mujer. De acuerdo al Expediente N° 4486/24 al que accedió eltucumano.com, la vicerrectora de la UNT realizó un pago $53.000.000 ─ un poco más de U$S44.000 al dólar del 7/3/2025 ─ , a fin de que la familia de la víctima ´se diera "íntegramente satisfecha en sus reclamos y pretensiones dinerarias emergentes del hecho referenciados en la cláusula 'antecedentes', por lo que nada tendrá que reclamarse mutuamente por ningún concepto, quedando en consecuencia ambas partes desobligadas de hecho y de derecho".
"En consecuencia, la parte requirente desiste en este acto de la presente acción de daños, y en cualquier acción judicial y/o administrativa iniciada, y renuncia en forma expresa, lisa, llana, incondicional e irrevocable a ejercitar cualquier acción, de cualquier naturaleza o especie, en contra de la Sra. Leal Mercedes del Valle, o 'Federación Patronal Seguros S.A.U.' CUIT: 3 -70736658-9, dejando a salvo la ejecución forzosa del presente acuerdo", agrega el documento, en su segunda cláusula.
La extinción de la acción penal decretada se basó en la tergiversación corrupta del Artículo 59 del Código Penal, que permite cerrar una causa si se repara íntegramente el daño. Sin embargo, en homicidios culposos agravados, esta opción no es válida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara en fallos anteriores:
Caso Pablo García (hijo del periodista Eduardo Aliverti, 2013): Fue condenado a 4 años de prisión efectiva por atropellar y matar a una persona, aun cuando no se fugó ni estaba alcoholizado.
Caso Ricardo Albarracín (Córdoba, 2020): Condenado a 5 años de prisión efectiva por homicidio culposo agravado con celular y exceso de velocidad.
En este caso, Mercedes Leal incumplió múltiples normas de tránsito, lo que agrava su responsabilidad penal:
Según el Artículo 84 bis del Código Penal, estos elementos configuran homicidio culposo agravado, con penas de 3 a 6 años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir de 5 a 10 años.
A pesar de la claridad de la ley, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán decidió archivar el caso, dejando en evidencia que la justicia tucumana no es igual para todos sus habitantes.
El accidente ocurrió el 12 de diciembre de 2023, en la intersección de avenida Alfredo Guzmán y calle Lamadrid, en Yerba Buena. Brenda, empleada de un local de comidas en el Shopping El Portal, volvía a casa junto a su compañero en una motocicleta cuando la camioneta de Mercedes Leal –vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán- los embistió violentamente. Testigos aseguran que la funcionaria universitaria no respetó la prioridad de paso, iba hablando por teléfono y a gran velocidad.
La víctima dejó tres hijos huérfanos: un niño de 11 años y dos niñas de 9 y 4. Su familia pertenece a un sector de bajos recursos: su padre es changarín y su madre padece una enfermedad que le impide trabajar. Brenda era el único sostén del hogar.
Luego del impacto, Leal descendió de su camioneta, hizo varias llamadas telefónicas y se retiró de la escena en otro vehículo. En la comisaría la esperaban siete abogados. Mientras tanto, el cuerpo de Brenda permaneció en el asfalto durante más de seis horas, en una imagen desoladora que simboliza el desamparo de las víctimas sin poder.
La intervención del secretario general del rectorado de la UNT, José Hugo Saab, refuerza la hipótesis de un encubrimiento desde las altas esferas del poder universitario y judicial. Saab llegó a la escena antes que la policía, lo que hace sospechar que se activó un mecanismo de protección inmediata para Leal.
Días después del accidente, varios familiares de Brenda habrían sido contratados por el rectorado de la UNT, lo que levantó fuertes sospechas sobre un acuerdo extrajudicial encubierto. Esta maniobra, sumada al pago de la reparación económica, sugiere una compensación estratégica para evitar la presión judicial y mediática.
eltucumano.com intentó comunicarse sin éxito con José Ignacio Ferrari, abogado de Leal, a fin de conocer los fundamentos de esta decisión, y los motivos por los cuales se aplicó un criterio procesal que en otras jurisdicciones ha sido rechazado para casos de homicidio vial. Sin embargo, en los círculos judiciales tucumanos, nadie cree que Leal haya recibido un trato ordinario. El abogado de Leal, José Ignacio Ferrari, también forma parte del entramado de influencias. Es hijo de José Agustín Ferrari, ex defensor de José Hugo Saab y del exgobernador José Alperovich, ambos históricos operadores políticos en la provincia.
El Ministerio Público Fiscal de Tucumán, en lugar de llevar el caso a juicio y garantizar una condena ejemplar, permitió la extinción de la acción penal mediante un acuerdo monetario, una decisión que contradice la jurisprudencia nacional y genera un grave precedente de impunidad en siniestros viales.
Un claro mensaje de impunidad
Tucumán es una de las provincias con más muertes en siniestros viales. En 2020, el 93,7% de los homicidios culposos registrados fueron producto de accidentes de tránsito. En otras provincias, los conductores responsables de homicidios viales con agravantes han recibido condenas de prisión efectiva. Pero en Tucumán, si se tienen los contactos adecuados, se puede evitar el juicio y comprar impunidad.
La familia de Brenda no tuvo opciones reales. Con tres niños sin madre y sin recursos para sostener un litigio largo, se vieron obligados a aceptar la compensación económica. "Nos empujaron a esto porque no teníamos otra alternativa", confesó un familiar.
Esta situación de vulnerabilidad de la familia, facilitó la maniobra de impunidad orquestada por el poder político universitario y judicial mediante el pago de una cifra accesible para Leal y -aseguran fuentes del rectorado- la compra del silencio del compañero de Brenda mediante un contrato con la secretaría general del rectorado a cargo del sempiterno José ·el gordo" Hugo Saab quien superó los 40 años al mando del rectorado de la UNT con el apoyo de la "academia tucumana".
Una mujer trabajadora asesinada, una funcionaria impune
En la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este caso simboliza la desigualdad estructural en la justicia tucumana:
Una madre trabajadora, humilde, asesinada y desamparada. Una funcionaria universitaria con poder que nunca enfrentó consecuencias.
En otras provincias, este caso habría terminado en una condena ejemplar. En Tucumán, terminó con un cheque y una familia humilde obligada a callar.
La camioneta de Leal en el lugar del accidente.-
I only needed to change some CSS.