Ante el silencio cómplice de los “fiscales federales de la Cámpora” Pablo Camuña y José Agustín Chit –que no le hicieron ni una sola pregunta- el sempiterno secretario General de la UNT desplegó su maestría actoral y fingió ser un empleado administrativo más y no el mafioso que conduce la academia tucumana desde hace 40 años. El Pacto de Impunidad de la camarilla radical ladrona de la Ciudad Universitaria a la UNT y los fiscales de Cristina Kirchner consolidan una estafa de más de 5000 millones de dólares en favor de la británica Minera Alumbrera Ltd con la colaboración del diario La Gaceta. VIDEO.
A sus anchas: "El gordo Saab" y su acting ante la (In)Justicia Federal de Tucumán.
"Solicitamos colaboración para evitar interrogatorios que puedan ser incriminatorios”
Abelardo Jorge Basbús, Presidente del Tribunal Oral Federal, segundos antes de la declaración de José Hugo alias “el gordo Saab” ante el TOF en el Juicio Oral/ Sainete sobre el saqueo a la UNT con fondos de YMAD llevada a cabo el jueves 17 de abril de 2025.
La escena judicial fue una grotesca representación de la farsa institucional que hace décadas consume a la UNT: ante el silencio sepulcral de los fiscales federales de La Cámpora —Pablo Camuña y José Agustín Chit—, “el gordo Saab” negó responsabilidades, minimizó su rol en la mega estafa que consume a la UNT desde hace dos décadas, olvidó que fue “mosquetero” y secretario General del Rectorado de Mario Marigliano donde se originó el robo de la Ciudad Universitaria y pretendió hacerse pasar por un simple empleado técnico de la UNT que tan sólo “acompañaba” (SIC) con su firma toda la simulación documentada de Construcción y finalización del Campus que ordena construir en San Javier la aún vigente ley 14771 en su artículo 18.
En efecto, en un acto de cinismo perfecto ante los federales del TOF Saab fingió ser un simple engranaje administrativo, ajeno a las decisiones estratégicas que entre 2005 y 2009 amputaron la Ley 14.771, desviaron millones de dólares de YMAD, y enterraron la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, el proyecto histórico que debía cambiar para siempre el destino académico del Norte Argentino.
Saab confesó —sin sonrojarse— que pidió una "reinterpretación jurídica" del destino de los fondos mineros a su cómplice Augusto González Navarro –director de Jurídico de la UNT-, pero negó cualquier responsabilidad en las decisiones posteriores, lavándose las manos como un mero tramitador de papeles.
Lo que no dijo —y que toda la documentación demuestra— es que fue él quien firmó las resoluciones dentro del expediente 1552/2005, quien ordenó acelerar la amputación documental de San Javier, quien custodió durante años los planos ocultos de la Ciudad Universitaria, y quien garantizó la continuidad administrativa del fraude a través de los rectorados saabistas de Alicia Bardón, José García y Sergio Pagani.
La aparición de la firma de José Hugo Saab en el expediente 1552 -que ocultó a la Justicia Federal- lo compromete en el falseamiento de la Ciudad Universitaria que ordena construir la Ley 14771 en San Javier -artículo 18 inciso b- "de acuerdo a los planos ya aprobados" (textual amputado por el director de "jurídico" en sus dictámenes por orden de Saab. Otra prueba que la Justicia Federal ya no puede seguir ocultando a los tucumanos después de una década de encubrimientos.
La firma de Saab que lo involucra directamente en el expediente 1552 que originó el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT.
“No he intervenido en las decisiones que derivaron en el convenio celebrado entre la UNT y Minera Alumbrera Ltd., ni he sido parte de las decisiones posteriores”, aseguró solmene el jefe de la mafia de la UNT, cuya centralidad en la estructura administrativa y su permanencia como secretario general de la UNT desde 2002, lo ubican como participación necesaria del encubrimiento institucional. Curisamente, Saab ocultó ante el TOF su cargo de secretario general durante el rectorado de Marigliano. Ningún miembro del tribunal ni los fiscales federales Chit y Camuña abrieron la boca ante tamaño ocultamiento en sus narices.
Saab omitió toda referencia al artículo 18 inciso b de la Ley 14.771, que estipula la finalidad específica de los fondos de YMAD: la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier: La omisión ante los jueces y fiscales federales no fue inocente: de reconocer dicha norma, quedaría en evidencia el carácter fraudulento del convenio firmado en 2005 entre Marigliano y Julian Rooney presidente de Minera Alumbrera Ltd, origen de la megaestafa contra la Universidad pública.
En efecto, el desvío de fondos que debían ir a la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier se remonta a 2005 cuando los ex rectores radicales Marigliano y Campero malversaron (se los llevaron a sus bolsillos) un millón de dólares de Minera La Alumbrera como “anticipo de utilidades” en el marco de la ley 14.711 que ordena la construcción del campus en el cerro, mediante una triangulación con el Banco Río, con aval de Asuntos Jurídicos UNT –dependiente directo de Saab - y del Consejo Superior – que designó como veedor del convenio/robo radical al arquitecto Raúl torres Zuccardi-. El millón de dólares “desapareció” de los balances de la UNT en los informes de la entonces secretaria EconómicoAdministrativa Lidia Ascárate –conspicua dirigente radical- y confirman un accionar sistemático y en banda del radicalismo tucumano contra la Universidad Nacional de Tucumán con la protección del diario La Gaceta, del fiscal federal Carlos Brito y los fiscales federales de Cristina José Agustín Chit y Pablo Camuña, venerados por el progresismo tucumano.
En la documentación remitida por Lidia Ascárate a Adela Seguí – la gran encubridora institucional que fungió como presidenta de la Comisión especial “investigadora" de la UNTdesde 2015 a 2021-, no figura el ingreso de un millón de dólares en 2005 durante el rectorado de Marigliano.
Estafa consumada: en sus informes y balances Lidia Ascárate ocultó el ingreso del millón de dólares al rectorado de Marigliano en 2005 y que fue a parar a los bolsillos de sus correligionarios radicales.
El hecho de que Saab haya permanecido durante más de dos décadas como nexo institucional entre sucesivas gestiones rectores, todas comprometidas en el origen y encubrimiento del megafraude, lo convierte en un engranaje fundamental de la impunidad institucionalizada en la UNT. La doctrina Irurzun —adoptada por la jurisprudencia penal argentina— establece que la permanencia en funciones de personas imputadas o vinculadas a delitos de corrupción es en sí misma un riesgo para la investigación penal.
Página 11 del “Informe Aceñolaza” da cuenta de la resolución 002-07 del 29 de Junio de 2007 por la que José Hugo “el gordo Saab” se constituye en el organizador de los sobreprecios en la UNT apartándose de la Ley de Obras Públicas.
Aunque pretendió desconocer sus actos ejecutivos, Saab fue el custodio institucional de los expedientes, las resoluciones, las actas del Consejo Superior y la articulación jurídica interna de la mayor estafa contra la Universidad Pública. Su papel en la simulación de legalidad de actos nulos y criminales es patente. No podría haberse mantenido vigente el fraude sin el aporte técnico y político del Secretario General. En este sentido, Saab no es un testigo: es un coautor funcional del encubrimiento que aún pervive por un pacto entre el radicalismo – materializado por el fiscal “correligionario” Federal n°1 Carlos Brito nombrado por Alfonsín- y el Cristinismo K funcional a la megaminería británica que saquea el patrimonio Argentino – operativizado por los fiscales federales de La Cámpora Chit y Camuña-.
La declaración de Saab era la más esperada en el marco del juicio de la llamada causa Cerisola, donde Campero no declaró por presuntas razones de salud. Es tal el poder de Saab que el abogado ex querellante Rodolfo Tercero Burgos -apartado por la UNT tras ser condenado a cinco años de cárcel por abuso sexual de una menor, que sigue en libertad- dedicó casi todos esfuerzos en la causa a pedirle a los abogados de los acusados la no-citación a indagatoria de Saab. Pero los esfuerzos del Rectorado no alcanzaron y El Gordo debió rendir cuentas ante los jueces, aunque no recibió preguntas del Ministerio Público Fiscal ni mucho menos de la querella, quiénes se supone debieran liderar la defensa de la Universidad.
Ante las preguntas de la defensa de Cerisola, Saab (licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad San Pablo-T) hizo un repaso por su carrera en la política universitaria desde el año 1983 a la fecha, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia con Franja Morada antes de ocupar poderosas e influyentes secretarías durante las gestiones de Rodolfo Martín Campero, Juan Cerisola, Alicia Bardón, José García y Sergio Pagani.
El Gordo Saab se desligó de todas sus decisiones, que atribuyó a su rol institucional. Sí admitió que es su firma la que requirió "urgente" a Hochi conocer y reinterpretar "qué destino y aplicación le corresponde dar a los fondos remitidos en tal carácter, así como los intereses obtenidos de los mismos", aunque inmediatamente aclaró que "luego es el Rector el que toma la decisión junto con las áreas técnicas y de construcción universitaria en el tema de obras". Saab dijo no recordar quién introdujo al Consejo Superior la resolución para crear un régimen propio y especial para la contratación de obras.
Antes de retirarse sin responder preguntas del Ministerio Público Fiscal ni la querella, Saab se refirió al trabajo de la comisión que "investigó" los planos de la Ciudad Universitaria, que él como jefe de la burocracia universitaria tuvo a su cuidado durante años de ocultamiento. El Gordo sostuvo que "no se ha terminado con la digitalización" de los mismos, y que ni en la UNT ni en el Congreso "no existía documentación, planos aprobados".
La declaración completa de José Hugo Saab ante el Tribunal Oral Federal:
Vale recordar que en junio de 2024, la Cámara Federal de Tucumán ratificó que los fondos de YMAD debían y todavía deben destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier. Hasta La Gaceta, acorralada, admitió: "La Ciudad Universitaria legal es la del cerro".
La estrategia de encubrimiento del fiscal Federal Carlos Brito: “investigar” sobreprecios de los fondos que llegaron a la UNT desde YMAD merced a la Estafa sin investigar la estafa en sí.
Según su requermiento de elvación a Juicio oral, para el fiscal federal Carlos Brito la mega estafa a la UNT sobre su Ciudad Universitaria fue tomada en exclusiva por Cerisola de "manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión" con lo que echa por tierra el argumento de Cerisola de haber reformulado el mandato de la ley mediante un nuevo concepto de ciudad universitaria realizado por el hijo de Marigliano, nobel arquitecto sin experiencia pero con la petulancia para rebatir el diseño de Sacriste que la ley ordena cumplir a pesar de la negación de la camarilla gobernante de la UNT.
Brito dedicó apenas un párrafo en su requerimiento de elevación a juicio a la falsificación de la Ciudad Universitaria, minimizando deliberadamente el delito.
La decisión del TOF en 2021 de incorporar pruebas documentales a la causa dejó expuesta también la maniobra de encubrimiento que llevó adelante la fiscalía Federal nº1 a cargo de Carlos Brito (sobre todo respecto de los sospechosos Campero, González Navarro y Saab, entre otros) –agravada por la magnitud y gravedad del latrocinio y su trascendencia pública- y exhibe con crudeza la gravedad institucional por la que atraviesa la UNT, institución que debiera ser rectora y ejemplo para la sociedad tucumana y nacional. Hasta La Gaceta ha reconocido hace apenas unos días - y después de quince años - la coautoría de Campero y Marigliano en la estafa a la Universidad Nacional de Tucumán.
En su pedido de elevación a juicio, recién en el año 2018, el fiscal Brito le dedicó apenas un párrafo al delito de fondo, el robo de la Ciudad Universitaria: “Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. "b" de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó”.
La actuación de Brito estuvo sistemáticamente orientada a proteger a los principales responsables políticos del desvío de fondos, como Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ambos figuras centrales del radicalismo Hoy ya no caben dudas que el fiscal federal n°1 Carlos Brito -a cargo de investigar el mega fraude - puso todo su esfuerzo en ocultar deliberadamente el contrato entre el británico Julian Rooney y Marigliano auspiciadopor Rodolfo Campero desde YMAD que tuvo más de una década en sus manos.
El 3 de julio de 2018, en su declaración ante Brito fiscal federal nº1 de Tucumán, Rodolfo Martín Campero confesó que “una vez aprobada” por Cerisola la falsificación ingeniada y promovida por él mismo desde YMAD “la UNT dejó de recibir el 40% de las utilidades líquidas para pasar a cobrar el 20%..." por disposición de YMAD que él mismo votó como vocal del directorio representando a la UNT...
A pesar de que Campero, como director de YMAD, participó directamente en la negociación del contrato que desvió fondos destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria, Brito no avanzó en su imputación. Es más: no mencionó jamás el contrato de la UNT con los británicos a pesar de tener en sus manos copia del convenio por más de una década.
Otro punto crítico en la gestión de Brito fue su negativa a investigar a funcionarios universitarios que facilitaron el fraude. Entre ellos destacan el histórico Secretario Genel. José Hugo Saab (secretario general de la UNT) y Augusto "Hochi" González Navarro, autor de los dictámenes jurídicos que justificaron ilegalmente el uso de los fondos públicos como privados. Además, los dictámines firmados por González Navavarro alteraron deliberadamente la letra del artículo 18 de la Ley 14.771 para justificar la sustitución de la Ciudad Universitaria por obras menores. Estos dictámenes crearon un régimen paralelo que permitió sobreprecios de hasta 10 veces el valor base de las obras.
Además Brito tampoco imputó ni investigó adecuadamente a otros responsables del encubrimiento, como el abogado querellante Diego Lamoglia –hoy juez penal provincial- ni el burdo encubrimiento de la “investigadora especial” Adela Seguí (reunió toda la información y la ocultó para negociar cargos con el saabismo a cambio de no efectuar la denuncia).
Recién en el año 2021, Brito finalmente reconoció la gravedad del delito tras la incorporación del Acta 498 desde YMAD, que confirma la falsificación. Sin embargo, para entonces, su inacción había permitido que los responsables políticos y administrativos quedaran impunes.
La causa por el desmanejo de los fondos mineros en la UNT comenzó en el año 2010 y recién en el año 2018 Brito requirió la elevación a juicio; la causa estuvo paralizada durante largos años, fue reactivada por el fiscal federal general Gómez en abril de 2023 cuando subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, pidió la detención de exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos.
En ese momento, Gómez también requirió la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El contrato que encubrió el fiscal Carlos Brito durante una década:
El expediente que dio origen al robo de la Ciudad Universitaria en San Javier tiene fecha de ingreso el 4/11/2005 a las 12:00:00 a.m. y su carátula reza textual: “Causante: Honorable consejo Superior UNT- Aprueba las gestiones realizadas por el sr rector y sres rectores de YMAD tendientes al cobro anticipado de utilidades que pudieran corresponder en el futuro a la UNT y autoriza al sr. rector a celebrar los convenios necesarios para el cobro ante la empresa Minera Alumbrera por u$s 1.000.000.-determina que el arq. Raúl Torres Zuccardi actuará como veedor. Se agregan notas referencia al contrato de fideicomiso en garantía Banco Río, comprobantes y copia de notas del sr. rector n° 4,5 y 6/06(03-03-06) se agrega nota de pedido de fondos n° 3 y transferencia por $146.310,99 del arq.Torres Zuccardi(18-10-06)”.
En la ciudad de Buenos Aires, la avidez y voracidad de Campero y Marigliano se materializa en un pacto escrito con Julian Rooney, el presidente de Minera Alumbrera en el que el rector de la UNT asegura estar actuando en el marco de la ley 14771 que ordena la terminación de La Ciudad Universitaria de San Javier “de acuerdo a los planos ya aprobados”. Esta vez los tres “señores” ex rectores de la UNT actuaron defraudando a su mandante (la Universidad a la que debían defender) violando la Ley de Sociedades (jamás fueron investigados sumariamente como corresponde) e involucrando hasta hoy a todos los organismos de control interno de la universidad pues conocían sus deberes y no los cumplieron Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración (Castillo directamente retiraba los dólares junto a Torres Zuccardi) y la Unidad de Auditoría Interna de la UNT.
El 30 de Noviembre de 2005, en la Ciudad de Buenos Aires, se consumó la estafa más grande contra la Universidad Pública Argentina al firmarse un ruinoso “contrato” con la minería transnacional británica que – a cambio de una coima de un millón de dólares – lastimó a la UNT toda y trocó un colosal campus universitario de 120 hectáreas construidas en un mero e improvisado listado de obras menores y refacciones para encubrir el pase de un millón de dólares de Minera Alumbrera Ltd para financiar la campaña a gobernador de Mario Marigliano por el radicalismo tucumano. Y todo con aprobación del "Honorable" Consejo Superior.
2014: Pacto UNT con la Cámpora y la consolidación del encubrimiento y la impunidad del robo más grande de la historia contra la Universidad Pública Argentina