Tierras usurpadas en Tucumán: un informe arrojó que hay 3.000 casas construidas de manera irregular en El Cadillal
Tras la recuperación de lotes en El Mollar, el Gobierno de la Provincia ya analiza la situación de los terrenos ubicados cerca del embalse, en donde habría 300 hectáreas usurpadas.
Imagen ilustrativa.-
Luego de que el Gobierno de Tucumán pusiera en marcha un plan para recuperar las tierras usurpadas la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo apunta a continuar esta medida en El Cadillal, donde un informe arrojó que hay 300 hectáreas tomadas de manera irregular.
En Casa de Gobierno hubo una reunión a fines del año pasado donde representantes de la Fiscalía, los Ministerios del Interior, de Gobierno, de Economía, las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Agua y los entes de Turismo y Cultural tomaron una decisión para definir los pasos a seguir. Coincidieron en que era imposible tomar algún tipo de medida sin hacer un diagnóstico previo. Por eso acordaron formar un equipo interdisciplinario, con representantes estatales y del sector privado, para hacer un relevamiento de la situación.
“Lineamientos de Ordenamiento Territorial El Cadillal” es el título del informe que presentaron los especialistas a las autoridades y publicado por La Gaceta. En el trabajo se denuncian una serie de irregularidades, sugerencias sobre las medidas que se podrían tomar para reordenar la situación y cuáles son las tierras que puede enajenar el Estado. Si se tratara de un diagnóstico médico, debería definirse que ese sector de la provincia está en estado crítico y requiere de un rápido tratamiento para salvarlo. Allí se informa que en esa localidad se usurparon unas 300 hectáreas de tierras fiscales y hay más de 3.000 viviendas que fueron construidas de manera irregular.
Los profesionales que elaboraron el informe hicieron una lista de las anomalías que pueden dividirse en dos grandes grupos. Las que tienen que ver con la urbanización de la villa turística y las que generaron y generarán daños al medio ambiente y a los recursos arqueológicos.
Las más importantes del primer grupo son:
- Más de 300 hectáreas de tierras fiscales fueron usurpadas para beneficio personal de loteadores irregulares que generaron más problemas, ya que no respetaron las norma que establecen cómo deben ser estos emprendimientos inmobiliarios.
- Se hicieron construcciones sobre caminos de dominio público de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que comprometen la accesibilidad en diferentes puntos. Esta situación incide en el incremento de accidentes viales e impide el fácil acceso de los servicios de emergencias.
- Los profesionales aseguraron que hay serios riesgos de inundaciones en las viviendas que se edificaron debajo de las Presas 2, 3 y 4 y en los terrenos ocupados aguas abajo del Aliviadero de Emergencia. Destacaron además que se urbanizó en el nivel de alerta por altura de ola de 611,50 metros sobre el nivel del mar.
- Se construyeron casas a menos de 35 metros del embalse, tierras que no pueden ser ocupadas por cuestiones de seguridad.
- Los profesionales detectaron riesgos hidrogeológicos por las características inherentes a la zona que producen remoción en masa, depositando material sólido suelto, pendiente abajo en el camino que bordea el Cerro Médici. También encontraron asentamientos humanos sobre líneas de riberas de zanjones con alta inestabilidad, como el Tazana, que va aumentando la profundidad y el ancho permanentemente.
- No hay interconexión entre barrios que no fuera a través de rutas, por la ausencia de caminos vecinales de borde a las mismas.
- Las calles internas de todos los emprendimientos inmobiliarios que fueron visitados, sólo una responde al ancho mínimo de 17 metros que establece la Ley de Loteos. Muy pocas tienen la posibilidad de llegar al ancho mínimo de 12 metros, sin tener que realizar demoliciones de cercas, edificaciones y piscinas.
En el informe, los profesionales que realizaron el trabajo explicaron que todo lo sucedido en los últimos años generaron daños irreparables. Por ejemplo, “los movimientos de suelos y las construcciones traen aparejado una afectación al Patrimonio Arqueológico Paleontológico, al ser El Cadillal una zona sensible a hallazgos de valor”.
Los profesionales también explicaron que detectaron una importante pérdida de biodiversidad al avanzar las usurpaciones sobre zonas categorizadas como de máxima protección en la clasificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). “Además hemos descubierto que hay viviendas bajo la zona de servidumbre administrativa del electroducto de Líneas de Alta Tensión (LAT) con serios riesgos a la salud de la población y a las instalaciones que suministran energía a varios sectores la provincia”, explicaron en el lapidario informe.
El informe fue realizado en las últimas semanas por profesionales de las direcciones de Catastro, Flora y Fauna y de los entes de Turismo y Cultural, más representativa del sector privado. Utilizaron imágenes satelitales, vuelo de drones e inspecciones personales. Después de haberlo redactado, realizaron un resumen para que la Fiscalía de Estado pudiera analizar y definir qué pasos legales puede dar. “Actualmente la villa turística respeta en parte el proyecto de ordenamiento territorial original”, se puede leer en una parte del trabajo “Lineamientos de ordenamiento territorial “El Cadillal”. “Tiene espacios concesionados por el Ente Tucumán Turístico que alberga instalaciones de infraestructura de escala metropolitana destinadas a la generación de energía eléctrica y de potabilización de agua de consumo”, destacaron los profesionales. “Mantiene la reserva provincial de Aguas Chiquitas dentro del Parque. Si bien el proyecto original incluía áreas residenciales planificada, la proliferación de loteos irregulares y algunos asentamientos espontáneos con población permanente y con viviendas de doble residencia, expone a los habitantes a serios riesgos socioambientales”, señalaron.
