El Gobierno de Tucumán recuperó 8 hectáreas de tierras fiscales usurpadas en El Cadillal
La Fiscalía de Estado avanza en la regularización de tierras usurpadas y rescató el loteo Los Guayacanes. Además, se cerró un camino de dos kilómetros que conducía al lago.

(Foto: Comunicación Tucumán)
El Gobierno de Tucumán puso en marcha un plan para recuperar más de 300 hectáreas usurpadas en El Cadillal. Se trata de tierras fiscales ocupadas de forma ilegal, cuya regularización se encomendó a la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone de Valls. Este miércoles, se rescataron 8 hectáreas comprendidas en el loteo Los Guayacanes, y se cerró un camino de dos kilómetros que conducía al lago y posibilitaba nuevas ocupaciones.
Durante la jornada de hoy se concretó el operativo de recuperación de tierras fiscales en El Cadillal, a cargo de la Fiscalía de Estado: "La intervención se centró en el loteo Los Guayacanes, donde se recuperaron ocho hectáreas de tierras fiscales. Además, se procedió al cierre de un camino de 2 kilómetros que llevaba al lago y que presentaba riesgo de nuevas usurpaciones".
Esta semana, el gobernador Osvaldo Jaldo insistió en conferencia de prensa que “se acabó la impunidad en Tucumán”, y advirtió que junto al Poder Judicial y las fuerzas de seguridad locales “se va a desalojar a quien tengamos que desalojar para cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto al comienzo de la gestión”.
Un informe presentado a fines de marzo a través del diario La Gaceta alertó que en la localidad de El Cadillal se usurparon unas 300 hectáreas de tierras fiscales y hay más de 3.000 viviendas que fueron construidas de manera irregular.
El reporte presentó una lista de las anomalías que pueden dividirse en dos grandes grupos. Las que tienen que ver con la urbanización de la villa turística y las que generaron y generarán daños al medio ambiente y a los recursos arqueológicos.
Las más importantes del primer grupo son:
- Más de 300 hectáreas de tierras fiscales fueron usurpadas para beneficio personal de loteadores irregulares que generaron más problemas, ya que no respetaron las norma que establecen cómo deben ser estos emprendimientos inmobiliarios.
- Se hicieron construcciones sobre caminos de dominio público de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) que comprometen la accesibilidad en diferentes puntos. Esta situación incide en el incremento de accidentes viales e impide el fácil acceso de los servicios de emergencias.
- Los profesionales aseguraron que hay serios riesgos de inundaciones en las viviendas que se edificaron debajo de las Presas 2, 3 y 4 y en los terrenos ocupados aguas abajo del Aliviadero de Emergencia. Destacaron además que se urbanizó en el nivel de alerta por altura de ola de 611,50 metros sobre el nivel del mar.
- Se construyeron casas a menos de 35 metros del embalse, tierras que no pueden ser ocupadas por cuestiones de seguridad.
- Los profesionales detectaron riesgos hidrogeológicos por las características inherentes a la zona que producen remoción en masa, depositando material sólido suelto, pendiente abajo en el camino que bordea el Cerro Médici. También encontraron asentamientos humanos sobre líneas de riberas de zanjones con alta inestabilidad, como el Tazana, que va aumentando la profundidad y el ancho permanentemente.
- No hay interconexión entre barrios que no fuera a través de rutas, por la ausencia de caminos vecinales de borde a las mismas.
- Las calles internas de todos los emprendimientos inmobiliarios que fueron visitados, sólo una responde al ancho mínimo de 17 metros que establece la Ley de Loteos. Muy pocas tienen la posibilidad de llegar al ancho mínimo de 12 metros, sin tener que realizar demoliciones de cercas, edificaciones y piscinas.
Días atrás, desde el Gobierno se dio a conocer que habría apenas dos loteos que cumplen con todas las normas en El Cadillal: el loteo Abad, cercano a la rotonda de las rutas 347 y 312 (la entrada a la zona del embalse) y la Villa Jardín, también cercana, a la derecha de la rotonda, en la subida al cerro Médici.
Estos dos loteos, que tienen más de 30 años, son los únicos regulares, de los 18 emprendimientos investigados por una comisión llamada “Equipo consultor El Cadillal”, que por pedido del Gobierno (Fiscalía de Estado, Ministerios de Gobierno, Economía e Interior; las direcciones de Catastro, Flora y Fauna y Agua; y los entes de Turismo y Cultura) hizo un informe llamado “Lineamientos de ordenamiento territorial El Cadillal”. En la zona alrededor del embalse, que ha sido mejorada como sitio turístico en los últimos 10 años, y que ha sido declarada parque provincial, se ha dado un crecimiento desmedido.
Mediante un registro realizado para regularizar la urbanización que se ha dado hasta 2018 se detectó que se han ocupado 300 hectáreas de tierras fiscales y se han detectado 3.100 viviendas irregulares. Ambas leyes chocan porque hay zonas rojas de bosque nativo, donde una norma prohíbe construir, y donde se han levantado casas. También las hay en zonas naranjas y amarillas donde se debe tener cuidado ambiental.
(Foto: Comunicación Tucumán)