Cómo evolucionó el patrimonio de los políticos tucumanos en seis años

La semana pasada se difundieron las declaraciones juradas (DDJJ) de parlamentarios y funcionarios de todo el país. Si bien Tucumán aún no está adherida a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que hace públicos los datos patrimoniales de los miembros de los tres poderes de la República, senadores y diputados nacionales tucumanos están obligados a presentar sus datos todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA).

De los 12 parlamentarios que representan a la provincia en el Congreso de la Nación, sólo tres incumplieron con la normativa: se trata de los diputados José Orellana, Mirta Soraire y Nilda Carrizo. Esta  última no presenta informes sobre su estado financiero desde 2014. El 14 de agosto era la fecha límite para presentar la documentación.

El senador José Alperovich es, por lejos, el político tucumano más acaudalado. Su fortuna de $ 225 millones casi triplica a la declarada por el presidente Mauricio Macri, de $ 82 millones. A nivel nacional, supera a Gustavo Arribas, director de la Agencia Federal de Inteligencia y funcionario macrista de mejor pasar, que posee $126 millones en su haber. En el ranking de senadores el ex gobernador es superado sólo por el sanjuanino Roberto Basualdo, que amasa un patrimonio de $ 232 millones. En la provincia, sextuplica el capital del gobernador Juan Luis Manzur, $ 34 millones declarados en 2015, y es 600 veces más rico que Silvia Elías de Pérez, la autoridad que menos capital posee según su presentación.

El top 5 de partidas patrimoniales abultadas lo completan el diputado Facundo Garretón, con $ 12 millones; Osvaldo Jaldo, con un patrimonio conocido por última vez en 2013 que asciende a $ 11 millones; y el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, que declara $ 6 millones.

En contraposición, los políticos con menor poder patrimonial ─y que no llegan a los seis ceros─ son Silvia Elías de Pérez ($ 348.291), Nilda Carrizo ($ 383.639), Walter Santillán ($ 561.182), Federico Masso ($ 672.102) y Juan Casañas ($ 909.591).

La gran mayoría de los políticos muestran un crecimiento sostenido de sus patrimonios desde 2011; siete registraron disminuciones al menos una vez, y sólo uno de ellos nunca registró incrementos:

- El gobernador Juan Manzur registró una caída de 3,3% entre 2012 y 2013.

- La senadora Silvia Elías de Pérez cayó un 1% entre 2014 y 2015.

- La senadora Beatriz Mirkin sufrió un descenso del patrimonio de 27% entre 2013 y 2014.

- La diputada Miriam Gallardo disminuyó un 7% su patrimonio entre 2012 y 2013.

- El diputado Federico Masso registra una caída de 100% entre 2013 y 2014, al no presentar declaración jurada correspondiente a ese último año.

- La diputada María Villavicencio presenta una leve disminución del patrimonio entre 2014 y 2015, correspondiente al 1%.

- El diputado Juan Casañasviene en caída libre desde 2012. Al 2013 registró una disminución del 16%; 30% en 2014; 7% en 2015; y un 4% en 2016.

Tres de los 16 políticos auditados registraron crecimientos patrimoniales de entre 90 y 300 por ciento en un año:

- La senadora Beatriz Mirkin registró un incremento del patrimonio de 93,3%. Pasó de $ 1.037.281 a $ 2.005.422.

- El diputado Federico Masso incrementó un 103,1% su patrimonio, de $ 330.759 a $ 672.102.

- La diputada María Villavicencio fue la que mayor incremento patrimonial presentó. En 2016 pasó de $ 294.634 a atesorar $ 1.207.228, un 309,7% más que en 2015.

Curiosidades

Beatriz Mirkin declara seis propiedades entre 2014 y 2015; todas en concepto de herencia. Un año después, dos de ellas figuran como adquiridas con ingresos propios y sus características se invierten de un año al otro. Un departamento que en 2014 mide 158,17 m2 pasa a 10,88 m2. Al mismo tiempo, una cochera que mide 10,88 m2 pasa a medir 158,17 m2 al período siguiente.

Juan Manzur pasó de tener 28 propiedades ─18 de ellas a un valor declarado de $ 0─ a tres entre 2013 y 2014. Ese último año adquirió la empresa productora de aceitunas Nucete.

El ahorro no estuvo en los planes de Domingo Amayadurante 2016. El ex intendente de Capital gastó la totalidad de lo que ingresó: $  1.521.228,65. Así como vino, se fue. En el mismo sentido, tanto José Alperovich como Juan Manzur gastan el triple de lo que declaran como ingresos: si el ingreso fue de $ 1 millón, gastaron $ 3 millones.

Resulta curiosa la declaración de ingresos por $ 534.700 de Juan Casañas, cuya distribución mensual es poco más de la mitad de lo que cobraba un parlamentario de la cámara baja hace dos años ($ 80.000). El caso se repite con los ingresos declarados por José Orellana en 2015 ($ 230.000), único año en que presentó su declaración jurada.

Llega el turno de los candidatos a diputados nacionales

Los integrantes de las listas que competirán en octubre por cuatro bancas en la cámara baja del Congreso de la Nación deberán presentar sus declaraciones juradas hasta el 12 de septiembre. Así lo establece la Ley 26.857 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada en mayo de 2013, en su artículo 3.

Según confirmaron desde la OA a eltucumano.com, se solicitará a los candidatos las declaraciones patrimoniales correspondientes al 2016 y las mismas serán publicadas para su consulta 10 días después de su presentación, tal y como dispone la normativa.

El patrimonio de los políticos sigue siendo secreto en Tucumán

Luego de 44 años, las declaraciones juradas del gobernador y vice, intendentes, legisladores, ministros, delegados comunales, jefes de la Policía y funcionarios jerárquicos continúan siendo un misterio. La ley provincial 3.981, sancionada el 27 de julio de 1973, impide la libre consulta de los ciudadanos a los datos patrimoniales de sus representantes.

La normativa obliga a los altos mandos de los tres poderes del Estado provincial a presentar sus datos financieros una vez que asumen, e insta a actualizar la información en el caso de que se registre una "modificación sustancial del patrimonio declarado".

El acceso a la información patrimonial sólo puede ser solicitado en tres casos:

- Investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios, legisladores o magistrados.

- A pedido de los presentantes o sus sucesores legales.

- A requerimiento de Juez o autoridad competente.