Inaudito: Tribunal Oral Federal se niega a recibir por Mesa de Entradas pedido de acceso a la información
El TOF se negó a recibir de la presentación del apoderado de eltucumano.com para conocer la actuación/encubrimiento completo del fiscal federal Carlos Brito en la causa del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la UNT. Flagrante violación de la ley de acceso a la información pública, gravedad institucional extrema y pedido del jefe de los fiscales nacionales para no ventilar el crimen de Brito.
La Mesa de entradas del Tribunal Oral Federal en la mañana de hoy. Detrás "el doctor David" que denegó el derecho de presentar un recurso de eltucumano.com
Con una violencia institucional inusitada para una institución de la républica, el Tribunal Oral Federal de Tucumán se negó, en la mañana de este jueves a recibir por su mesa de entradas el segundo pedido de acceso a información pública por parte del apoderado del eltucumano.com para conocer en detalle la actuación/encubrimiento del fiscal federal Carlos Brito del robo de la Ciudad Universitaria en San Javier contra la UNT, perpetrado mediante un acreditado contubernio acaecido entre octubre y noviembre de 2005, cuando una grave irregularidad bursátil de una accionista de Minera Alumbrera descubierta por Héctor Ostengo propició un pacto secreto de la conducción de la UNT –y la UCR tucumana- con Minera Alumbrera Ltd por el cual la compañía británica adelantaría 6 años el reparto de las utilidades a YMAD – reparto previsto legamente recién para 2012- a condición que la gavilla radical aniquilara el mandato de la ley 14.771 y no reclamara los más de 5 mil millones de dólares que demanda la construcción de la ciudad universitaria en San Javier. El contubernio de los jefes del radicalismo tucumano con Minera Alumbrera estableció que la ciudad universitaria prevista en el cerro San Javier sea sustituida “lo más rápido posible” por una serie de refacciones por un valor 20 veces menor, según estimaciones del actual secretario de Planeamiento de la UNT Sergio Mohamed - custodio de los 2783 planos que eltucumano.com descubrió en la planoteca a su cargo-.
La Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública (Nacional) - y su reglamentación- fijan los plazos en los que los poderes estatales deben responder los pedidos de información de los ciudadanos, establece reglas claras y expresas para restringir los casos en los que la información no puede ser difundida, define organismos específicos para que garanticen el derecho, enumera la información que el Estado necesariamente debe publicar aunque ningún ciudadano la solicite y crea mecanismos para hacer exigible el derecho.
Esta ley busca garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado. La Ley representa un avance hacia un Estado más transparente, fortaleciendo las instituciones, el gobierno abierto y el fomento de la participación ciudadana.
La lamentable situación protagonizada por el funcionariato del TOF Tucumán se produce en momentos en que el Procurador General de La Nación Carlos Casal invita al fiscal federal General de Tucumán Gustavo Gómez a dejar la enorme corrupción en la que incurre Carlos Brito, disfrazado de fiscal federal de la Nación. "Los trapos sucios se lavan en casa", fue el mensaje que palabras más, palabras menos - envió en tono mafioso el jefe de los fiscales federales, quien protege así al criminal Carlos Brito ante la exposición pública del encubrimiento federal al robo de la ciudad universitaria contra la univerisdad Nacional de Tucumán.
Captura de la "orden" del procurado general de la Nación para seguir encubriendo a Carlos Brito.-
Sin embargo, cabe acotar, la documentación probatoria del delito que el lector puede descargar aquí o al final de esta nota, aún permanece “oculta” a los ojos de la Justicia Federal tucumana que está haciendo el papelón del siglo convalidando en sainete judicial el encubrimiento del fiscal Carlos Brito disfrazado de juicio a Cerisola – quien durante su rectorado recibió 2/3 del millón de dólares de coimas a los radicales tucumanos, acordados por Campero y Marigliano a fines de noviembre de 2005-. Esta maniobra fue ocultada por el fiscal federal nº1 Carlos Brito y por el actual fiscal ante el Tribunal Oral Federal Pablo Camuña – que subrogó a Brito cuando tomó declaración a Cersiola y su cuestionario sólo estuvo dirigido a proteger a colega de la facultad de Derecho Augusto Gonzalez Navarro preguntando lo mismo que en la audiencia en el TOFde la semana pasada haciendo hincapie si Cerisola podía apartarse de los dictámenes del delincuente de "Hochi" (lo que convierte a Camuña en cómplice del encubrimiento, haciendo del juicio oral en trámite un sainete con final de impunidad cantado).
Los dólares - triangulados en un fideicomiso con el Banco Río para evadir controles y desviarlos de la UNT a la UCR- fueron obtenidos por un contrato secreto entre el rector Mario Marigliano y la minera británica firmado el 30 de noviembre de 2005, invocando la ley 14.771 que ordena construir la Ciudad Universitaria en San Javier reemplazándola por un listado caprichoso de obras menores que la UNT ya había construido por administración.
La firma de Saab que lo involucra directamente en el expediente 1552 que originó el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT.
El delito está documentado y es el comprobado origen del “apriete” del ex rector Rodolfo Campero a la entonces secretaria de Planeamiento de Cerisola Mónica Labastida para lograr en 48 horas un “nuevo” concepto de ciudad universitaria que dote de un disfraz de legalidad al pacto secreto con la Minera Británica.
La falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier apurada en actas entre YMAD y la UNT –promovida por Campero, Marigliano y Cerisola- significó la obtención de 353.212.000 de pesos entre 2006 y 2009, según la investigación del fiscal Carlos Brito- que arribaron como “de libre disponibilidad” que la propia ley prevé una vez que se terminace la construcción del megacampus en el cerro San Javier: “la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán, de acuerdo a los planos ya aprobados” que ordena la ley 14.771.
El TOF ya había rechazado con anterioridad un pedido formal presentado por eltucumano aduciendo un argumento inverosímil: Los jueces rechazaron la solicitud que buscaba obtener acceso completo al expediente de la causa "Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" (expediente 400360/2010), así como a las causas/expedientes conexos y/o acumulados, considerando que la petición del diario "no puede acogerse en esta etapa del proceso, en aras de salvar las garantías del imputado Cerisola". El Tribunal que rechazó el acceso a la información estuvo integrado por Carlos Jiménez Montilla, del Tribunal Oral Federal de Tucumán y subrogando María Noel Costa, de la Cámara de Apelaciones Penal Federal N° 2 de Córdoba y Enrique Lilljedahl, de la Cámara de Apelaciones Penal Federal de Catamarca.
En la mañana del jueves 4 de julio de 2024 el nuevo ardid de las autoridades del TOF consistió en la toma de posesión la nota en papel, firmada y sellada por el apoderado de la firma cotrolante del diario pero "someterla" a puertas cerradas casi media hora en una especie de "evaluación de admisibilidad" por parte del funcionariato (se le dijo al apoderado que se evaluaría el "recibido" por parte del doctor Hugo Césarl del Sueldo Padilla y un tal "doctor David"). Evidentemente que, al comprobar que este diario solicita precisión sobre la supuesta "pesquisa" de Brito de la falsificación de la ciudad universitaria (para lo que hasta entregó hace un año un disco rígido de gran capacidad que se encuentra en la caja fuerte del TOF aún vacío), la empleada a cargo rechazó firmar el correspondiente*Recibido* invocando una prohibición "de la superioridad".
"En el marco de la Ley 27.275 de acceso a la información pública, me dirijo a este Tribunal Oral Federal de Tucumàn a fin de solicitar tenga a bien brindar acceso completo al expediente de la causacaratulada "Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" expediente 400360/2010, las causas/expedientes conexos y/o acumulados.
Como es de público y notorio, ésta causa es de una enorme trascendencia e impacto para la vida de los tucumanos ya que dilucidaría responsabilidades en la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria ordenada por la ley 14.771 de creación de YMAD ocasionando un perjuicio a la Universidad Nacional de Tucumán de características colosales no sólo desde el punto de vista del patrimonio material de nuestra querida UNT sino también un perjuicio incalculable en las generaciones venideras de tucumanos y argentinos que se ven impedidos de contar con un centro universitario cuya construcción la mencionada Ley de creación de YMAD pretendía garantizar.
Es decisión editorial de eltucumano solicitar el acceso completo expediente 400360/2010, las causas/expedientes conexos y/o acumulados a fin de proceder al estudio y divulgación de la misma para que la ciudadanía toda pueda tener elementos de análisis que den cuenta sobre el robo de un ciudad universitaria asegurada por ley", reza el escrito que el TOF impidió formalizar (el apoderado legal de nuestro diario Macario Santamarina evalúa las acciones legales correspondientes para asegurar la medida y el efectivo acceso al expediente).
Ante el vehemente reclamo del apoderado de nuestro medio, un furibundo funcionario que se presentó como "el doctor David" ensayó explicaciones burocráticas y una invitación a "esperar sentado" a que el secretario del TOF César del Sueldo Padilla "le brinde explicaciones" al rechazo a la recepción a la que el TOF está obligado.
Ante la exigencia del apoderado de Numen Srl (firma controlante de eltucumano.com) de que el funcionario exhiba la resolución de prohibición de presentación de nota en papel que adujo el "doctor David", este se enfureció aún más y redobló su apuesta anti jurídica y -a.los gritos- dio ordenes a sus empleadas (todas mujeres) de no escuchar ni volver a atender al representante de eltucumano.com. Autoritarismo Judicial a cielo abierto.
Brito dedicó sólo un párrafo a "investigar" la falsa construcción de la Ciudad Universitaria por parte de una gavilla de radicales tucumanos entre 2005 y 2008. El fiscal que "no pudo" probar el enriquecimiento ilícito del genocida antonio Bussi a pesar del descubrimiento de cuentas secretas en Suiza y que lleva 20 años "investigando" la contaminación y evasión fiscal de Minera Alumbrera Ltd, sabe que no existe -por no estar tipificado- el delito de “disminución de utilidades”, ardid/ eufemismo que utilizó Brito para encubrir la falsificación llevada a cabo por sus correligionarios radicales entre 2005 y 2008. Cabe acotar que fue nombrado fiscal federal de la Nación en 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Sólo un párrafo dedicó el fiscal Carlos Brito, en su requerimiento de elevación a juicio, a la falsa construcción de la Ciudad Universitaria por parte de una gavilla de radicales tucumanos entre 2005 y 2008.
Recién en 2021 cuando se incopora desde el TOF el acta 498, Brito reconoce la gravedad de la maniobra que no investigó. Aún no está preso.
En septiembre del año pasado, Brito logró que una recusación contra su jefe directo Gustavo Gómez por una presunta “enemistad” que provoca una “pérdida de objetividad”. La Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar a la solicitud de Brito dejando a Gómez fuera de las causas de corrupción que tiene a cargo, entre ellas, la del Robo de la Ciudad Universitaria de la UNT.
Amputación maliciosa de la Ley 14.771
El 4 de junio de 2007, José Hugo Saab consultó al Servicio Jurídico de la UNT "sobre el destino y aplicaciones que corresponde dar" ante la llegada de "remesas dinerarias recibidas por la UNT provenientes de la empresa YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO (YMAD), por aplicación de la Ley 14.771".
El 6 de junio de 2007, González Navarro respondió a la consulta de su jefe/amigo Saab, pero omitiendo de forma maliciosa la letra de ley, amputando deliberadamente una parte del texto jurídico en su dictamen ante la secretaría general de la UNT.
Hochi escribió: "Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma (...) inc. b) el cuarenta por ciento (40%), será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria...".
Los puntos suspensivos en lugar de la letra de la ley son toda una confesión de su delictivo accionar ya que allí debió decir: "conforme a los planos ya aprobados", planos que estuvieron ocultos por décadas hasta la investigación de eltucumano que los encontró en mayo.
Al llegar los fondos de YMAD a la UNT, la misma ley establecía que las autoridades debían acudir a los planos aprobados y destinar ese dinero a construir la Ciudad Universitaria de San Javier.
La amputación del texto de la ley llevada a cabo por el inmoral director de Jurídico de la UNT. Aún no fue siquiera citado por la (in)Justicia Federal.
eltucumano ratifica su firme decisión de acceder a la información y dar cuenta a los tucumanos de la corrupción absoluta que habita en el Poder Judicial de la Nación que atentó y atenta contra la más elemental posibilidad de convivencia democrática. Los autores del robo de la ciudad universitaria contra la UNT, y sus encubridores, no deben seguir siendo jueces (caso Diego Lamoglia), fiscales federales (caso Carlos Brito y Pablo Camuña) o cabeza del servicio jurídico de la UNT (caso Augusto González Navarro).
Requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Carlos Brito de la causa Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010:
Contrato Rooney-Marigliano: 30 de noviembre de 2005
Acta N° 498 del directorio de YMAD del 27 de diciembre de 2007
Acta del 2 de enero de 2008
Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos: reemplazo de Ciudad Universitaria por plan de obras
Dictamen de González Navarro que permitió que las obras se realicen al margen de la Ley de Obras Públicas
Nuevo "concepto" de Ciudad Universitaria de Cerisola
Primer contrato de Rodolfo Tercero Burgos como abogado querellante exclusivo de la UNT
Prórroga 2023 del contrato de Burgos en 2023
