Licitaciones, ludopatía y plazos a los jueces: la Legislatura de Tucumán sesiona este jueves
Desde las 8:30 los parlamentarios tucumanos debatirán nuevos proyectos de ley, entre ellos el DNU enviado por el Ejecutivo, que propone ajustes en los montos de autorizaciones establecidos para obras públicas. Además, tratarán la norma que establece que los magistrados deberán esperar cuatro años para concursar por nuevos cargos
Imagen de archivo.-
La semana pasada, en la reunión de labor parlamentaria de la Legislatura de Tucumán se anticipó que este jueves 21 de noviembre a las 8:30 horas se llevará a cabo una nueva sesión, a fin de debatir y tratar nuevos proyectos de ley que tienen que ver con la ludopatía, licitaciones para obras públicas y plazos para que los jueces puedan concursar por nuevos cargos.
“En labor parlamentaria se han presentado 7 proyectos de ley, 9 de resolución que voy a analizar y vamos a otorgar o comunicar", informó el vicegobernador Miguel Acevedo, que además contó que “se ha presentado algo referido a ludopatía, un tema que nos genera mucho interés en profundizar y llevar adelante. Además, hay algunos temas judiciales, de salud y también un crédito fiscal para una empresa que está ampliando las integraciones en Tucumán, un emprendimiento muy importante para la provincia”, agregó.
Ayer miércoles, la Comisión de Hacienda y Presupuesto dio dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el Poder Ejecutivo que solicita modificar los montos de autorizaciones establecidos en el art. 1° de la ley N°9.470 y el art. 1, inciso c) del Decreto de Necesidad y Urgencia N 1/3 (ME) de fecha 26 de marzo de 2018.
La citada ley y el mencionado decreto disponen autorizar a las Direcciones de Arquitectura y Urbanismo, Provincial del Agua y de Materiales y Construcciones Escolares a hacer uso de las excepciones previstas en el art. 12° de la ley N° 5.854 (Ley de Obras Públicas), su decreto reglamentario N° 1.534/3 (SO)-87 y del art. 59 de la ley N° 6.970 de Administración Financiera para las obras y/o trabajos, que se realizarán por administración como así también a través de la contratación de terceros, contemplados en los respectivos Planes de Obras e incluidas en el Presupuesto General de la Provincia.
El proyecto precisa que esos tres organismos podrán pagar mano de obra y adquirir materiales e insumos sin licitación pública por hasta $ 59 millones, con la condición de efectuar concursos de precios previos con al menos tres proveedores. Ese valor había sido actualizado por última vez en marzo de 2018 y se había fijado en $ 850.000, cuando el entonces gobernador Juan Manzur prácticamente triplicó, vía decreto, el límite para compras directas (había pasado de $ 300.000 a $ 850.000). En esta oportunidad, el porcentual de la suba impulsada por el Gobierno supera el 6.800%, si se compara el salto del tope de $ 850.000 a $ 59 millones.
Otro de los temas será el analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, presidida por Javier Noguera, que dio dictamen favorable a una serie de modificaciones a la ley que crea el Consejo Asesor de la Magistratura. Entre estas, sobresale un artículo que establece que, a partir del momento en que el postulante ternado a juez obtenga la aprobación de su pliego, preste juramento de ley y tome posesión de su cargo, no podrá inscribirse en nuevos concursos durante un plazo de cuatro (4) años. Esta prohibición no se aplica en caso de renuncia.
El exintendente de Tafí Viejo explicó que el dictamen apunta a limitar la participación en concursos por parte de aquellos magistrados que ya han sido designados en otros: “De tal suerte que no puedan hacerlo en un plazo de cuatro años, a menos que renuncien o tengan algún tipo de impedimento de otra característica”.
“El proyecto, impulsado por los legisladores Mario Leito y Carolina Vargas Aignasse, lo que hace es limitar los múltiples concursos que algunos magistrados y candidatos a la judicatura están llevando a cabo, lo que conlleva un enorme desgaste económico y jurisdiccional para el Estado”, agregó.
Finalmente, el legislador Noguera señaló que la modificación aprobada permitirá que los magistrados estén enfocados en las causas en las que les toque actuar: “Y no en sus carreras profesionales. Es por eso que se les pone el límite de cuatro años para que se aboquen a sus respectivas tareas”.
