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Acopio de mercadería: "Los tucumanos quieren que el Gobierno cuide el patrimonio provincial"

FM LATUCUMANA 95.9

El fiscal adjunto Raúl Ferrazzano confirmó que la Provincia será querellante en la causa que investiga la presunta comercialización de alimentos de Desarrollo Social. "Queremos ir hasta las últimas consecuencias", ratificó.

(Foto: X @cesarJuarez10)





Este jueves se conoció que fue detenido el titular de la organización social que tenía a su cargo los alimentos del Ministerio de Desarrollo Social que estaban acopiados en la casa de su hijo, en el barrio Manantial Sur, y que fueron hallados en el marco de un allanamiento en una causa por violencia de género. El fiscal adjunto Raúl Ferrazzano confirmó que la Provincia será querellante en la causa, y remarcó que "los tucumanos quieren que el gobierno cuide el patrimonio provincial".

En diálogo con Ana Pedraza, Gabriel Sanzano y Franco Carletto en La Tucumana de Mañana (FM latucumana 95.9), Ferrazzano enfatizó que "el Gobernador ha instruido a esta Fiscalía a constituirse como querellante en esta causa penal", a la vez que recordó que "la Fiscalía de Estado tiene entre sus atribuciones representar los intereses del estado provincial", máxime tratándose de "este caso de gran sensibilidad social".

"Hemos dado cumplimiento al pedido del gobernador. Nuestros abogados ya se han apersonado en carácter de querellantes en la causa correspondiente", confirmó, y respecto de las pruebas planteó que "tratándose de una causa tan sensible quizás los detalles para no obstaculizar la investigación nosotros preferimos realizarlos en sede judicial".

Ferrazzano afirmó: "Lo importante es que el Estado ha tomado la decisión de controlar e ir hasta las últimas consecuencias con el manejo irregular de alimentos que tienen una finalidad social. La idea al otorgar estos módulos es acompañar en momentos difíciles, aquellos que desvíen esa finalidad van a sufrir todas las consecuencias legales".

En ese marco, sostuvo que se investigan en esta causa "delitos como fraude contra la administración pública, peculado, delitos que son delitos cuyas penas máximas es de seis años, pueden llegar a tener condena efectiva", y manifestó que "los tucumanos quieren que el Gobierno cuide en debida forma el patrimonio provincial".

"Vamos a acompañar la investigación y vamos a pedir las penas más severas del código penal para los responsables. Debemos ser prudentes en cuanto al manejo de la información: queremos ir hasta las últimas consecuencias", remató.

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