Las vidas truncadas por la violencia machista en Tucumán

Las cifras alarmantes de mujeres asesinadas a causa de la violencia machista a cada hora continúan incrementándose en Tucumán. En un informe que presentó Mumalá Tucumán este mes, detallaron que entre 2016 y 2019 asesinaron a 54 mujeres.

El 2018 fue el año en el que más femicidios se cometieron en Tucumán. En total se registraron 17, entre los que se encuentran los casos de Ana Ríos y Cynthia Moreira.

Cinco casos emblemáticos ocurridos en la Tucumán ponen de manifiesto las fallas del estado para evitar la consecuencia más virulenta de la violencia de genero. Padres, madres, hijos, vecinos y amigos devastados tras las irreparables pérdidas, solo atinan a elevar un ahogado pedido de justicia.

En diálogo con eltucumano.com, familiares de algunas víctimas recuerdan con cariño a esas mujeres que ya no están  y que significaban todo para sus seres queridos.  ¿Quiénes eran? ¿Qué les gustaba hacer? ¿cuáles eran sus proyectos?

El 18 de octubre de 2016 el femicidio de Claudia Lizárraga, asesinada por su expareja en plena plaza del barrio Jardín, conmocionó a todo el país que se preparaba para el ‘Miércoles Negro´, la movilización contra la violencia machista.

Víctor Hugo Argañaraz, su ex marido, le dio cuatro puñaladas al salir de su trabajo y en su cartera, tenía la última denuncia policial que había realizado en su contra, semanas antes del ataque.

Vivía en el barrio Santa Teresita. Trabajaba como empelada doméstica y formaba parte del plan “Ellas Hacen”. Además de trabajar, estudiaba para terminar la secundaria.“Nunca han hecho nada, cuando se lo denunció, la policía no hizo nada. El 24 de septiembre había hecho la última denuncia por una amenaza de muerte. Pero la justicia decidió que él no significaba una amenaza real para ella”, recuerda Yanina Lizárraga, hija de Claudia.

Condenaron al femicida a cadena perpetua. “La justicia se burló de nosotros. Han esperado que esté muerta. Fueron 20 años de denuncias. Después de que pasó, recién lo pusieron en la cárcel. Si, nos dio la tranquilidad. Pero, ¿de qué nos sirve si no la tenemos a ella con nosotros? La justicia llegó muy tarde”, señala.

Claudia tenía poco tiempo libre entre el estudio y el trabajo. A ese tiempo se lo dedicaba a sus cinco hijos y a pasar el rato con sus hermanos. “Le gustaba cocinar, y le gustaba estar con sus tres nietos y su familia. Era una mujer que iba todo el tiempo de su trabajo a la casa”, relata Yanina.A pesar de la frustración y la bronca, la hija de Claudia insiste en inspirar a otras familias y a las mismas víctimas de violencia de género. “Traten de luchar. No bajen los brazos. Sí. Es verdad que la justicia tarda, pero tarde o temprano se va a poner de nuestro lado, del lado de las mujeres que sufrimos violencia de género. Las mujeres que sufren violencia ya sea verbal o física, denuncien, que se hagan oír y que pidan ayuda. Tenemos derecho de vivir y ser libres”.

El 3 de febrero de 2017, en San Pedro de Colalao, Santo Adolfo Castañares asesinó a Laura Balderrama. En ese momento, Laura tenía 28 años y trabajaba en una sanguchería famosa de esa villa veraniega.

El juicio se inició el 7 de marzo de 2018 y lo condenaron a 25 años de prisión. Sin embargo, la defensa apeló la condena y, en junio de 2019 les informaron a los familiares de Laura, que redujeron la pena del femicida a 16 años.

Castañares, era la expareja de Laura, hacía un año se habían separado y él no se daba por vencido, la buscaba y la hostigaba. La seguía al trabajo y conocía sus movimientos. Según comentó su hermana, Carmen, la apuñaló frente a sus hijos y después se autolesionó.

Los tres hijos de Laura hoy se encuentran bajo la custodia provisoria de su tía Carmen, quien tramita la tutela de las dos niñas de 16 y 13 años y un niño de 6. “Los chicos ahora están bien. Van al colegio, estudian. Fue bueno que se quedaran con nosotros. Somos unidos y están todo el tiempo con los primos y con los tíos”, detalla.

Laura trabajaba en gastronomía y a veces limpiaba casas. Además de trabajar para mantener a sus hijos, estudiaba peluquería y estaba a un paso de recibirse. A Laura le gustaba pasar tiempo con sus hijos y también con sus once hermanos. “Entre el estudio y el trabajo, no tenía mucho tiempo libre. Criaba sola a los chicos”, recuerda Carmen y agrega: "Ella había hecho tres denuncias por violencia y se separó de él por eso".

El transfemicidio de Cynthia Moreira fue un crimen de odio.  Cynthia era una mujer trans de 26 años. Vivía con sus padres, su abuela y sus cinco hermanos. Era una chica muy simpática, sociable, según describen sus allegados. Ella comenzó a auto percibirse como mujer cuando tenía 14 años. Su hermana, Laura Moreira, recuerda: “Nunca la rechazamos, fue bien recibida y creció con nosotros”.

Cynthia tomaba mate y le encantaba husmear cómo cocinaban su mamá y su abuela. Era muy de su madre. Maquillaba novias y quinceañeras, estaba pendiente de las tendencias. “Yo no me maquillo tanto, pero ella estaba super actualizada y amaba eso. Vivía mirando videos y material en internet”, detalla su hermana.“En el fondo de la casa teníamos una hamaca, yo estaba ahí. Ella se acercó, eran las 4 de la tarde me acuerdo y hablamos. Yo percibía que algo le pasaba. Me dijo que se sentía mujer y quería que la ayude a hablar con mis padres. El primer rechazo y el dolor de una persona trans lo sufre en la familia, y ella tenía miedo de que la rechacen. Mi mamá lloró un montón, pero por miedo a lo que le pueda pasar a ella afuera, en la sociedad. La contuvo la familia entera”, cuenta.Cuando no estaba revisando el último tutorial sobre maquillaje, salía a pasear con su mejor amiga, Antonella Giménez, también una joven trans de la misma edad. Iban a caminar todas las tardes y llegaban hasta La Banda desde Lastenia, donde eran vecinas.

Se conocieron a los 15 años. Las dos tenían antojos de postre después del almuerzo y se llegaban a un comedor del barrio. Ahí se hicieron amigas. “La madre de Antonela le hacía pizzas a Cynthia y la invitaba a comer porque a ella le encantaban”, señala.Laura hace hincapié en el lugar que la sociedad tucumana le da a las mujeres trans, que en parte fue lo que expuso a Cynthia a esta violenta muerte. “Hay mucha discriminación. No hay un cupo laboral para ellas, son pocas las que consiguen trabajo, a pesar de que se capaciten. Tienen realmente pocas oportunidades. Eso las lleva a la prostitución y la noche. Eso significa mucha exposición. A Cynthia le pasó eso. A pesar de que hacía cursos de peluquería y maquillaje, terminó dedicándose a la prostitución”.  

El 15 de febrero de 2020 se cumplirán dos años del asesinato de odio que arrebató la joven vida de Cynthia y con ella todos sus proyectos. Por el crimen hay un detenido, Ramón Antonio Soria, quien, en unas semanas cumplirá con la prisión preventiva y podrá salir en libertad. “Es una causa muy difícil, fue un crimen de odio y participó más de una persona. Queremos que la justicia avance y que no nos abandone, que alguien hable sobre lo que pasó”.

Cynthia desapareció el 14 de febrero y nueve días después, un vecino alertó a la policía que había encontrado un cuerpo desmembrado entre los pastizales del fondo de una casa deshabitada en el barrio Villa Alem. Receientemente, el Ministerio de Seguridad aumentó la recompensa a quienes puedan aportar datos sobre el transfemicidio a un millón de pesos.“El colectivo trans recibe muchas agresiones, esperamos que se tomen cartas en el asunto. Hay chicas que a fines del año pasado han sido apuñaladas en Tucumán. Sufren mucha violencia y eso lleva a la muerte también”, destacó su hermana.

Emprendedora, inquieta y con innumerables proyectos. Así describe a Ana Ríos, su madre, Alejandra Aparicio.

La mamá de Ana, tenía la costumbre de asistir a los animales abandonados en Jujuy, donde vivían juntas y ella compartía la misma sensibilidad por las mascotas. “Cuando terminó la secundaria me dijo que quería estudiar veterinaria y por eso viajó a Tucumán”. El primer año que se presentó no pudo ingresar, por lo que cursó el primer año de agronomía. Al año siguiente, pudo ingresar y en 2018, ya estaba rindiendo finales de los últimos años de cursado.

“Era una chica muy activa, no estaba quieta nunca”. Cuando llegaba a Jujuy, encontraba algo para hacer. Tenía una peluquería canina en la que trabajaba cuando estaba de visita con su familia y también cocinaba tartas para vender en las fiestas.Sus tiempos libres los utilizaba para generar dinero y poder cumplir el sueño de poner un consultorio veterinario en Jujuy. “Era mandarina de su sobrina. Y me acompañaba mucho a mí, íbamos las dos juntas para todos lados, vivía conmigo. Ella tenía planes a corto y largo planes, tenía proyectos que no pudo concretar”, comenta angustiada Alejandra. “Como yo soy enfermera, conozco mucho de cirugía, ella quería que yo la asista con la clínica veterinaria. Quería que hagamos muchas cosas”, recuerda entre llanto.

Ana tenía 26 años cuando el 30 de marzo de 2018 cayó desde un cuarto piso del departamento de su novio, Facundo Guerrero ubicado en San Juan al 800.

La joven estudiante de veterinaria agonizó tres días en el Hospital Padilla y murió el Domingo de Pascuas. Guerrero, había declarado que su novia decidió suicidarse porque estaba deprimida, pero sus familiares sostienen que se trató de un femicidio y aseguran que no estaba deprimida ni había perdido su trabajo.La familia y los amigos de Ana esperan la elevación a juicio, mientras Guerrero, señalado como el principal y único sospechoso del crimen, permanece en libertad tras pagar una fianza.

“Ella me dijo dónde poner el consultorio. Me dejó todo listo, para que entre a trabajar después de recibirse. Él era un tipo muy posesivo, estaba encima de ella”, reconoce.Ana había hecho una denuncia por violencia, luego de que Guerrero le pegara y la arrastrar por la calle. Una chica que vio la escena, se acercó a ayudarla y la acompañó para que radique la denuncia. Sin embargo, esto no prosperó porque ella no la ratificó tiempo después. “Cuando me enteré de eso, le dije que se venga a Jujuy y que yo le sacaba los pasajes, yo no lo iba a perdonar jamás. Tendría que haber insistido. El la mató en marzo y ella lo había dejado en febrero”.

Silvia del Valle Moreno, sobrevivió al cáncer de útero y una cirugía por aneurisma cerebral, pero no pudo sobrevivir a la violencia machista. Hace exactamente un año, el 25 de enero de 2019, David Alejandro Ocampo, su pareja le prendió fuego generándole lesiones tan graves que acabaron con su vida.

Silvia, o “la mujer quemada”, como le llamaban en el hospital, sin pronunciar su nombre, tenía dos hijos: Karen de 21 y Agustín de 20 y vivían en Villa Alem. Trabajaba como niñera y vivía con su mamá y algunos de sus hermanos y sobrinos en la misma casa. Cuando había un cumpleaños, ella y Susana, su hermana siempre hacían las compras juntas. Le gustaba ir a zumba y le encantaba ir a bailar.“Hace un año lo llamaron a mi sobrino para decirle que su mamá había tenido un accidente doméstico. Dos de mis hermanos lo acompañaron al Centro de Salud, donde estaba internada”, recuerda Susana.Silvia se había separado de hecho de su marido y padre de sus hijos. Había empezado una relación con Ocampo. “Unos días antes de que pase esto, ella me había contado que había hablado con el padre de los chicos y que iban a volver a estar juntos”.Si bien no catalogaron como femicidio el hecho, Ocampo se encuentra detenido y fue imputado por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo con ensañamiento y por haber mediado violencia de género sobre la joven.Según relata Susana, el imputado por el crimen dio diferentes versiones sobre lo ocurrido y le adjudicó a Silvia problemas psiquiátricos, deslizando que podría haberse generado ella misma las lesiones. “Ella no se quería morir, por sus dos hijos. Cuando tuvo que someterse a las operaciones por cáncer y por el aneurisma, tenía miedo. Le decíamos que Dios le iba a dar fuerzas y oportunidades”, destaca Susana y se lamenta: "En el hospital ni siquiera la llamaban por su nombre, le decían 'la mujer quemada'".

El 24 de enero, un día antes del trágico ataque, Silvia preparó una mochila con algo de ropa y le avisó a Susana que volvería el sábado a la mañana para ir a comprar ropa juntas. “Esa noche le había cocinado una pastafrola para mi mamá. Ella comió un pedazo y cuando se estaba yendo, me prometió que el sábado íbamos de compras. Hasta el día de hoy la espero como me había prometido”, se lamenta angustiada.Ocampo, oriundo de Tafí Viejo, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en Villa Urquiza y el próximo 12 de febrero tendrían que renovar el plazo. “En noviembre me entregaron el requerimiento de elevación a juicio, pero desde la parte de la defensa ponen obstáculos y embarran la memoria de mi hermana. La quieren hacer pasar por loca”.

“La sociedad es cómplice porque no se involucra, ni con los niños ni con las víctimas”, asegura Ana Ferreyra, miembro de la Casa de las Mujeres Norma Nassif y del PUEDES de la Universidad Nacional de Tucumán. Aunque reconoce que suena muy duro. Desde estos organismos trabaja junto a las familias de víctimas de femicidio desde hace 15 años.

En estos años de trabajo arduo, codo a codo con las familias de las mujeres asesinadas, Ferreyra asegura que en un gran porcentaje los victimarios son las parejas que no aceptan el abandono o el rechazo. “Que la mujer tenga otra pareja, o simplemente que no quiera continuar en una relación, es un desenlace común”, asegura.Además, puntualiza que es el Estado el que está fallando. “Existen en la provincia muchas mujeres comprometidas que trabajan desde diferentes organismos para erradicar la violencia machista y evitar que llegue a su punto más brutal, que es el femicidio. Pero existen muchos vacíos en el sistema y a eso no lo podemos manejar”. “Cuando sucede un femicidio, es como una bomba que detona toda la cuadra”, asegura Ferreyra. Además de la familia nuclear y los amigos, se ven afectados todos los que conocían a esa mujer. “El vecino, el almacenero. Ellos tenían contacto, quedan amargados, asustados y muy tristes. Tienen miedo, están impresionados. El efecto es tremendo en el ciudadano común y la familia”.
Los padres pierden las voluntades quedan inundados por el miedo. Inseguros, frágiles. Las hermanas se deprimen. “A los niños que quedan huérfanos no van a visitarlos los asistentes sociales para ver después de las 9 noches cómo están. En ocasiones asisten de manera esporádica a un psicólogo del caps del barrio. Pero no hay un seguimiento”, cuenta.Ferreyra pone especial énfasis en las fallas del sistema y sostiene que no está lo suficientemente aceitado. Muchas de las familias víctimas viven con escasos recursos y no tienen la cantidad de dinero necesario para viajar continuamente desde el interior a la capital para ver cómo avanza la investigación.
En 2017 Tucumán sancionó la Ley de emergencia, pero al día de hoy no cuenta con un presupuesto, ni con un albergue. No hay fondos. “Es de suma urgencia la asistencia a menores hijos de víctimas de femicidios y es también necesario que la sociedad se involucre. Sin darnos cuenta estamos criando a nuestros hijos bajo un machismo exacerbado tanto mujeres como hombres.