El asueto judicial tucumano por el Coronavirus ya tiene un costo superior a los mil millones de pesos
PANDEMIA y JUSTICIA
La feria sanitaria del Poder Judicial de Tucumán, otorgada sin obligación de trabajo telemático y con goce total de haberes, impacta negativamente en las arcas provinciales. El Colegio de Abogados reclama que jueces y funcionarios cesen su descanso e incorporen la tecnología del siglo XXI.

Mil millones de pesos mensuales es el costo mensual de los 4300 sueldos judiciales de Tucumán.
Los casi 30 días de parálisis total del Poder Judicial tucumano a raíz del asueto extraordinario dispuesto por la Corte Suprema de Tucumán ante la crisis sanitaria tienen enormes consecuencias, no sólo en el sistema judicial sino también en las arcas provinciales.
A pesar de haberse abonado íntegramente la planilla de sueldos de marzo del Poder Judicial tucumano (unos mil millones de pesos de un presupuesto para este año de $ 13.000 millones) en el bolsillo de los 4300 miembros de la familia judicial, los jueces, fiscales, relatores y secretarios no están trabajando: El teletrabajo no funciona; la firma digital recién está en fase de experimentación y por ende miles de expedientes quedaron congelados y cientos de juicios están paralizados en Tucumán.
“Nosotros estamos bregando para que todos los jueces avancen en la medida de sus posibilidades. Pero los expedientes se encuentran en los Tribunales e ir hacia allí quiebra la medida de aislamiento”, justificó Claudia Sbdar presidenta del tribunal.
Ante este panorama, el Colegio de Abogados de Tucumán reclamó ante la Corte que restablezca "el funcionamiento del servicio de justicia -aunque más no sea de un modo acotado-, entendiendo de que debe conciliarse con el respeto de las medidas de aislamiento social”.
-Dejar sin efecto la disposición que releva a los magistrados y funcionarios afectado a cumplir tareas durante el asueto extraordinario, de su obligación de concurrir a las dependencias del Poder Judicial. En consecuencia, disponer que tales magistrados y funcionarios, así como el resto del personal que los mismos consideren necesarios e indispensables para el funcionamiento de la oficina jurisdiccional, desempeñen sus tareas en las dependencias del Poder en las que habitualmente lo hacen, sin perjuicio del puntual cumplimiento de las medidas de seguridad de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.
Los códigos procesales son arcaicos, la corporación judicial rechaza todo adelanto tecnológico sobre el sistema judicial. Al punto de que hay escritos que -en un porcentaje muy chico- todavía se siguen tipeando en máquinas de escribir y cosiendo a mano expedientes de papel.
"En el sistema judicial, el tiempo tiene un efecto político. El tiempo es poder. Dotar de tecnología a la Justicia es eliminar ese poder", confía a eltucumano una fuente que conoce muy de cerca los tribunales.