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Piden investigar a tres funcionarios judiciales por un caso similar al de Paola Tacacho

justicia en la mira

María Alejandra Sarmiento fue asesinada a puñaladas en un asentamiento de Villa Mariano Moreno, por el hombre que era su pareja. La mujer había denunciado a su femicida en repetidas ocasiones.

María Alejandra Sarmiento denunció a su ex, Luis Martínez, por amenazas y no tuvo respuestas.-





A través de un escrito dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, se solicitó investigar a tres funcionarios judiciales, a los que se acusa de no haber actuado de manera correcta ante las denuncias realizadas por María Alejandra Sarmiento, que fue asesinada por su pareja en abril de este año, en un asentamiento de Villa Mariano Moreno.


En el documento presentado por el abogado Gustavo Morales, se solicita “la inmediata intervención de vuestra Excelencia en los términos del artículo 121 de la Constitución de la provincia de Tucumán, debido a que por omisiones funcionales, maliciosa del representante del Ministerio Público Fiscal asignado a la unidad de decisión temprana, doctor Pedro León Gallo (h) y los secretarios Daniel Baaclini y Rafael López Guzmán, desembocó en el femicidio de la ciudadana María Alejandra Sarmiento el día 1 de abril del 2020, cometido por Luis Edmundo Martínez”.


“También se efectuará reserva de solicitar, según corresponda, ‘juicio político’ y ‘formación de jurado de enjuiciamiento’ por las causales de mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, agrega el escrito al que tuvo acceso eltucumano.com.


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Luego, el letrado Morales da las razones de su pedido y cuenta las presuntas fallas que la Justicia cometió para dar una respuesta y proteger a María Alejandra. “En primer lugar María Alejandra Sarmiento se encontraba inmersa en un contexto de violencia de género producto de los comportamientos violentos de su concubino Luis Edmundo Martínez. En segundo lugar de allí que existen numerosas denuncias penales interpuesta por la mencionada Sarmiento en contra del citado Martínez sin respuestas oportunas efectiva y útiles por parte de los distintos órganos jurisdiccionales y fiscal interviniente”, aclara.


“En tercer lugar la última denuncia efectuada por María Alejandra Sarmiento es de fecha 29 de marzo del 2020 por el delito de amenaza en cuyo contenido se aprecia un gesto desesperado para tratar de salvar su vida, incluso trasladándose a un asentamiento de Villa Mariano Moreno denominado ‘Sánchez’ huyendo de su pareja”, cuenta Morales.


Acá, el letrado explica que una vez realizada la denuncia, esta debía ser remitida de inmediato a la la “Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Violencia Doméstica”, tal como lo indica el protocolo de instrucción. Sin embargo, según el escrito, esta fue recibida por la mencionada Unidad dos horas después de que la denunciante fuera asesinada.


“En conclusión por configurar una flagrante violación a la convención ‘Belem do Pará’ corresponde que Vuestra Excelencia se aboque a esta situación execrable y explique los correctivos disciplinarios que correspondan porque no debe permanecer oculta la razón principal del femicidio debido a la inacción malintencionada de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, arriba individualizado sólo porque la víctima pertenece un sector social de esta ventaja”, cierro el documento.

Cabe remarcar que el caso de Sarmiento no el único con estas características en Tucumán, ya que son numerosos los hechos en los que se perpetraron femicidios a mujeres que habían denunciado en más de una ocasión a sus agresores, como el caso de Paola Tacacho y Claudia Lizárraga.


Recientemente la difusión de muchas causas con las mismas características en las que se violan los derechos de las víctimas de violencia de género y no se les garantiza seguridad, impulsó a las profesionales a unirse para hacerle saber al Poder Judicial los errores que se están cometiendo en estos procesos.

Según establece la Ley Nacional 26.485 de protección integral a las mujeres y el artículo 7 de la Convención Belén Do Pará, “el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

El caso


Edmundo Martínez (55), padre de las hijas menores de Sarmiento, fue a la mañana del 1 de abril a la casa de su ex mujer, en el asentamiento Sánchez de Villa Mariano Moreno, en la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán. Y cuando ella salió para hacer compras comenzó a atacarla con un cuchillo en distintas partes del cuerpo.


Mientras el hombre atacaba a su ex mujer, la hermana de la víctima pretendió intervenir para evitar que la matara pero fue herida también con algunos cortes en las manos y en los brazos.


Sarmiento cayó malherida en la vereda y murió antes de que pudiera ser atendida por los médicos que fueron llamados por los vecinos del barrio, que junto a un agente de la policía que reside en el barrio, redujeron al agresor y lo trasladaron hasta la sede policial más cercana, donde quedó detenido.