Sanción para dos funcionarios por participar de una fiesta clandestina en plena segunda ola de coronavirus
Los empleados del Tribunal de Cuentas y del Poder Judicial, agredieron a agentes de la Policía durante una fiesta realizada en abril de este año al oeste de la Capital.
Tribunal de Cuentas de Tucumán.-
Tanto el Tribunal de Cuentas, como la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, decidieron sancionar a dos de sus funcionarios, luego de que en abril de este año, durante plena segunda ola de coronavirus, participaran de una fiesta clandestina que terminó con incidentes con la Policía.
En actuaciones separadas, tanto el organismo provincial como el máximo tribunal de Justicia, impusieron a los agentes a su servicio una suspensión de un mes sin goce de sueldo luego de acreditar la transgresión a las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández con motivo de la pandemia.
Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, vocales del Tribunal de Cuentas, aplicaron la sanción a Alfredo Hilario Iramaín, que es hijo del secretario de la Junta Electoral Provincial, Alfredo Iramain, y cumple funciones como delegado fiscal en el Ministerio de Seguridad (el presidente Miguel Chaibén Terraf no firmó el instrumento porque estaba de licencia). La decisión consta en el Acuerdo 1.611 emitido el 21 de mayo de 2021, menos de un mes después de los hechos.
El sumario practicado a tal efecto determinó que Iramain (h) concurrió a una reunión “en un horario no permitido” e incumplió la normativa en vigor en ese momento para evitar la propagación de la pandemia. “Debía observar una conducta decorosa y digna en el servicio y fuera de él, según el artículo 37, inciso 'd', del Estatuto del Personal del Tribunal de Cuentas.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia se expidió respecto de Federico José Roldán Vázquez en la Acordada 967/21 emitida el 9 de agosto con los votos de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos. En un instrumento más extenso que el del Tribunal de Cuentas, los integrantes del alto tribunal objetaron al procurador, que es hijo del camarista penal jubilado, Pedro Roldán Vázquez, el haber faltado al deber de ejemplaridad que le corresponde observar como consecuencia de la función pública que ejerce y que lo obligaba a ajustar su accionar al decreto del presidente Fernández.
Ambas sanciones se aplicaron a pesar de que ambos funcionarios pidieron disculpas a la comunidad y a la Policía, y desembolsaron $200.000 para la Comisaría Nº7 en concepto de “reparación” a los fines de cerrar la causa penal.
