Saab pone a disposición de Alfaro su equipo jurídico para llevar su derrota a la Justicia
El otrora hombre fuerte de la UNT habría puesto a José Roberto Toledo, Rodolfo Tercero Burgos y Augusto "Hochi" González Navarro al servicio de la impugnación de los comicios que impulsa el Alfarismo. Pedido de detención en puerta.
(Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán)
Germán Alfaro acudiría a la Justicia para impugnar las elecciones en Tucumán ante la inminente derrota de su esposa Beatriz Ávila ante Rossana Chahla en la carrera por sucederlo en la Intendencia de San Miguel de Tucumán.
Ante este escenario, José Hugo Saab, otrora hombre fuerte de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) habría puesto a disposición del Alfarismo a todo su equipo jurídico, que incluye a José Roberto Toledo, Rodolfo Tercero Burgos y Augusto "Hochi" González Navarro.
Mientras todavía se desarrolla el escrutinio definitivo, el Alfarismo pidió abrir todas las urnas de San Miguel de Tucumán ante la "tendencia irreversible" que proclamaría a Chahla como la próxima intendenta Capitalina. La Junta Electoral Provincial rechazó el pedido de Alfaro y ahora llevaría su derrota a la Justicia.
Rodolfo Ocaranza, secretario de gobierno capitalino y candidato a legislador por el Oeste anticipó que "haremos las presentaciones judiciales necesarias para terminar de una vez por todas con estos manejos antidemocráticos que atropellan la voluntad popular".
Saab puso a disposición de Alfaro todo su brazo jurídico. José Roberto Toledo ya fue el abogado particular de Alfaro para pedir a la Corte Suprema la suspensión de las elecciones previstas para el 11 de mayo.
El pasado 9 de junio, el Fiscal Federal General de Tucumán Gustavo Gómez, solicitó al Tribunal Oral Federal que proceda a la detención de José Hugo Saab y el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, como así también de la exvicerrectora de Juan Cerisola, María Luisa "Pini" Rossi de Hernández.
La máxima autoridad fiscal federal de Tucumán advirtió que Saab "en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de 'urgente' la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694)". Gómez afirma que "este dato es más que suficiente para endilgarle responsabilidad por el hecho ilícito cometido".
El Dream Team Jurídico de Saab
José Roberto Toledo: ya fue el abogado de Alfaro ante la Corte Suprema. Histórico columnista de Omar Nóblega en Los Primeros, es actualmente director por la UNT en el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, donde tiene mandato hasta 2024.
Toledo, al igual que todos los directores en YMAD por la UNT, todavía no le explicó a la sociedad tucumana por qué no denunció el desfalco de fondos de la empresa interestatal a la Universidad.
Incluso, admitió el Robo de la Ciudad Universitaria en una de sus columnos en el programa de Nóblega: "La UNT por medio de su Rector (Juan Alberto Cerisola), firmó un acta dando por concluida la Ciudad Universitaria cuando no estaba concluida".
"La ley decía que una vez que se concluya la Ciudad los fondos de la Universidad dejaban de ser del 40% de las utilidades netas de la empresa y bajaban al 20%. Desde esa fecha hemos bajado del 40% al 20%. ¿Por qué se hizo eso? Tendrá que saberse en el juicio. Se presume que fue porque eso era de libre disponibilidad y en consecuencia no estaba sujeto al destino específico de la inversión en obras", amplió.
Rodolfo Tercero Burgos: docente de la Facultad de Derecho, directivo de Canal 10, abogado privado de Alicia Bardón, abogado contratado por la UNT para ejercer la querella por el Robo de la Ciudad Universitaria - millonaria querella de la que no se conoce actuación alguna- y también contratado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, bajo estricto secreto.
El contrato y la actividad de Burgos como abogado de la UNT son secretos de Estado por disposición del Director de Asuntos Jurídicos de la UNT. Augusto González Navarro el millonario consideró que el contrato con el letrado imputado por abuso sexual y la rendición de cuentas por su (in)actividad como el defensor de los intereses de la Universidad Pública de Tucumán se encuentra enmarcada en el artículo 8 de la ley de Información Pública.
"La información que se solicita debe ser evacuada por los letrados que tienen a su cargo la tramitación de la querella en la causa a que allí se alude, que son quienes poseen los datos precisos acerca de su actual estado procesal. Se sugiere dar intervención a los mismos, quienes deberán proceder teniendo presentes los supuestos previstos por el art. 8° de la ley 27.275", sostiene "Hochi" González Navarro aún jefe de jurídico de la Universidad Pública.
Para el Director de Jurídico dela UNT, el contrato de Burgos es “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior”.
Respecto a los honorarios que percibe Burgos desde 2019, en el convenio que el Rector Sergio Pagani ratificó recientemente, González Navarro aclaró ante requerimiento de un consejero superior: "Lo referente a montos que se hayan abonado en concepto de honorarios o cualquier otro rubro es incumbencia de las áreas económico financieras de esta Casa".
Augusto González Navarro: director de Asuntos Jurídicos de la UNT desde 1999 y profesor titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. El fiscal federal general Gustavo Gómez solicitó nuevamente su detención en el mrco dela causa que investiga el Robo dela Ciudad Universitaria.
Hochi es el autor del dictamen que permitió que los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) se efectúen al margen de la Ley de Obras Públicas 13.064 -y el festival de sobreprecios y corrupción que habilitó y por el que están procesados 22 empresarios- al sostener que los fondos de YMAD eran de caracter privado y por ende podían ser utilizados de forma discrecional por el rectorado de la UNT.
Pero además, adulteró la letra de la Ley 14.771 de creación de YMAD para permitir que las utilidades mineras provenientes de YMAD no se destinasen a la construcción de la Ciudad Universitaria tal y como establece la citada Ley.
González Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, omitió deliberadamente que la Ciudad Universitaria debía construirse "conforme los planos ya aprobados" en su dictamen ante la secretaría General de la UNT: "Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma (...) inc. b) el cuarenta por ciento (40%), será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria...".
Los puntos suspensivos en lugar de la letra de la ley son toda una confesión de su delictivo accionar ya que allí debió decir: "conforme a los planos ya aprobados", planos que estuvieron ocultos por décadas hasta la investigación de eltucumano.com que los encontró recientemente.
González Navarro es responsable de equiparar la Ciudad Universitaria a una serie de obras de refacción. "Las remesas dinerarias originadas en la participación universitaria en YMAD deben destinarse a la construcción, remodelación, adquisición, locación, equipamientos y ornamentación de los espacios físicos destinados al desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas por el art.75 inc- 19 de la Constitución Nacional, Ley 24.521 de Educación Superior, y por el propio Estatuto dictado en ejercicio de su autonomía".
"En este orden de ideas, la UNT puede válidamente aplicar los fondos recibidos en tal concepto a la compra o alquiler de locales físicos destinados al funcionamiento de sus Facultades, Escuelas, organismos o dependencias administrativas, puede disponer la remodelación o trabajos de refacción edilicia que resulten menester para su normal desarrollo, puede adquirir equipamientos necesarios para dotar a los mismos de las comodidades y requerimientos mínimos de funcionamiento (mobiliario de oficinas, equipos de aire acondicionados, de calefacción y computación), servicios de mantenimiento tales como instalaciones eléctricas, pintura, plomería y gas, etc.", remató quien aún sigue siendo el titular de la oficina que debe bregar por la legalidad en la UNT (6 de junio de 2007)
Años después, en sesión secreta del Consejo Superior de la UNT, presidida por la entonces rectora Alicia Bardón, Augusto hochi González Navarro aconsejó al cuerpo que “resulta insoslayable obtener la declaración de nulidad respecto de una decisión adoptada por el Directorio de YMAD con el voto unánime de sus miembros en sesión de fecha 27 de Diciembre de 2007, que consta en acta N° 498 y que obra como necesario antecedente del instrumento suscripto el 02/01/08 por el rector Cerisola”.
A pesar de la magnitud del latrocinio contra la UNT y la gravedad de los hechos que el acta 498 conlleva, en dicha sesión secreta de abril de 2017 el pleno del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán resolvió no denunciar a los ex rectores Campero, Marigliano y Cerisola por la falsificación de su Ciudad Universitaria en San Javier. El máximo órgano de Gobierno de la UNT se constituyó así en cómplice de los ex rectores, aconsejado por el director (anti) Jurídico Augusto González Navarro, doctor en Derecho y titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNT.
