Avances, irregularidades y desafíos: cómo se aplica la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tucumán

El 30 de diciembre del 2020 el senado argentino aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo después de una incansable lucha en las calles por parte de los feminismos y la denominada “marea verde”. La soberanía de los cuerpos y la disminución de la tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos son grandes conquistas en materia de derechos sexuales y (no) reproductivos. En estos dos años y medio, miles de adolescentes, mujeres y personas gestantes pudieron interrumpir sus embarazos.

Sin embargo, hace falta seguir hablando de aborto seguro, legal y gratuito e interrogarse por la plena garantización de este derecho. La certeza de que es un derecho que hay que defender y monitorear para su garantización plena en todo el territorio argentino se hace evidente en estos tiempos donde el debate a vuelto a la opinión pública luego del resultado de las Elecciones Primarias Abiertas y Simultaneas donde el candidato con mayor votos a nivel país planteó llamar a un plebiscito para la Ley IVE y, además, reproduce y produce discursos en contra de la Educación Sexual Integral, ley que ha demostrado su eficacia para detectar casos de abuso sexual en niñas y niños. Además, su implementación en las escuelas es una de las causas de la disminución de embarazos adolescentes y no intencionales, según explica, en diálogo con eltucumano, Agustina Ramón Michel, abogada tucumana e investigadora del CEDEAR.

Qué dicen los datos oficiales a dos años de la Ley 27.610

En el marco del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health que tiene como objetivo monitorear la implementación de la ley de aborto para dar cuenta de los trazos estructurales de la política y evaluar la magnitud y dirección de los progresos, se presentó un informe denominado “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal”. El mismo se hizo a partir de información pública y presenta datos de todo el territorio nacional y de las provincias, incluida Tucumán.

Según estos datos, Tucumán es la quinta provincia donde más interrupciones legales del embarazo se efectuaron en el periodo 2022 en el sector público: 11 de cada 1000 mujeres en edad fértil recurrieron al sistema de salud para interrumpir su embarazo de manera voluntaria y legal (IVE/ILE) durante el año pasado. Sin embargo, en la provincia se observó una leve merma de servicios que garantizan estas prácticas. La tasa de servicios de IVE/ILE por cada 1000 mujeres en edad fértil pasó de 0,07 del 2021 a 0,06 el año pasado. Esta tasa de servicios se encuentra entre las más bajas del país.

Por otro lado, la proporción de embarazo adolecente no intencional en Tucumán bajo respecto a 2018 - 2019 y en 2020 y 2021 se mantuvo estable. “Se mantiene estable la tendencia a bajar el número no intencional y esto habla de un mayor acceso a la Educación Sexual Integral en muchos espacios y el acceso a diferentes métodos anticonceptivos”, explicó Ramón Michel. Además, la investigadora afirmó que las muertes por abortos continúan descendiendo en el país. Los datos indican que antes había 23 muertas por aborto, en 2020 y en 2021 descendieron a 13. Sin embargo, desde el proyecto no consiguieron los datos actualizados del 2022.

En cuanto a la cobertura por parte de las obras sociales, el proyecto obtuvo información de la Superintendencia donde revela que el 30% de las prestaciones se tercerizan en hospitales públicos. “Una auditoría revela que de 247 obras sociales se hicieron casi cinco mil prestaciones. Un dato interesante, el 80% usó el protocolo que elabora el Ministerio de Salud de la Nación pero de estas prestaciones en el 30% terciariciaron en prestadores públicos, es decir se hicieron en hospitales pero cubiertos por la obra social. Ahí lo que se cumple es lo que dice la ley en el artículo 11, que las clínicas privadas que no tienen personal tienen que derivar”, explicó Ramón Michel. 

Desde el Consultorio de Salud Integral afirmaron que el cumplimiento de la ley es muy disparejo debido a que hay obras sociales que cubren la IVE desde un abordaje integral, pero hay otras que dilatan, obstaculizan o cubren montos parciales. “Cuando una obra social o prepaga niega una IVE, existen mecanismos de denuncia del incumplimiento de la ley. La realidad es que cuanto más trámites hay que hacer, más vulnerado se ve su derecho a la privacidad, ya que se ven involucradas cada vez más personas. También esto hace que los tiempos se dilaten y lamentablemente estas son razones por las cuales muchxs usuarixs eligen no avanzar con los reclamos y optan por pagar de manera particular o acudir al hospital público”, afirman.

Sin embargo, los datos muestran que con el paso del tiempo la cobertura de las obras sociales es mayor: en el año 2021, de 294 IVEs realizadas en el consultorio, solo el 20% fue cubierta por las obras sociales, mientras que en el año 2022, el porcentaje subió a 52%. “En una primera instancia fuimos nosotrxs quienes salimos a buscar a las obras sociales. Una vez promulgada la ley realizamos notas comentando nuestro modelo de atención, módulos de abordaje propuestos y honorarios sugeridos y los entregamos en las obras sociales. Algunas nos respondieron, una mayoría no dió respuesta. Luego, a partir de la demanda de lxs usuarixs algunas obras sociales fueron implementando la cobertura, pero viene siendo un trabajo de hormiga el que venimos haciendo”, afirmaron. 

Otro dato que revela el informe del Proyecto Mirar, es que en Tucumán el número de nacidos vivos de embarazos no intencionales sigue siendo alto (61,6). Al respecto, desde el Consultorio de Salud Integral manifestaron: “En el sistema de salud público no siempre se realiza el control post aborto, depende bastante de las instituciones y de los profesionales que garantizan la IVE. Esto sumado a que el tratamiento medicamentoso sólo con misoprostol falla el 15% de las veces, trae como consecuencia que muchxs usuarixs crean que el aborto sucedió, cuando en realidad no funcionó la medicación. Otra cosa es que muchas personas piensan que ante la falla del tratamiento, no pueden volver al sistema público. Tampoco hay una política de difusión de la posibilidad de acceso a la IVE, no hay cartelería en los centros de atención primaria que informen que ante la falla del método anticonceptivo tenés opciones". 

Por otro lado, aclararon que “el segundo trimestre sigue siendo un tema a resolver en nuestra provincia. Cuando una persona está embarazada de más de 14,6 semanas y su embarazo es producto de violencia sexual o es un riesgo para su salud tiene derecho a interrumpir, pero son contados con los dedos de una mano los profesionales que se hacen cargo de acompañar estos procesos en Tucumán y necesitan de un constante acompañamiento institucional, porque no es una tarea fácil. Son procesos que requieren trabajo en equipo, con enfoque interdisciplinar que realicen una buena orientación en opciones, que acompañen durante el proceso e implican muchas veces la internación de la persona y la predisposición de un espacio adecuado y personal amigable".  Además, hicieron énfasis en la necesidad de que la Educación Sexual Integral este presente en todos los momentos de la vida: “Con un enfoque intercultural, de género y de derechos humanos; accesibilizar los métodos anticonceptivos de larga y corta duración con información científica y confiable y facilitar el acceso universal a test de embarazo, sumado a campañas que difundan los mecanismos para acceder a una IVE de manera sencilla son algunas estrategias que podrían ayudar a disminuir estas cifras”.

El desafío de informar sobre las prácticas seguras 

Otro dato que revela el informe es que se sigue indicando el legrado, pese a ser una práctica no recomendada por la OMS. “El legrado incluye 48 horas de internación y sedación, en comparación con abordajes ambulatorios como podrían ser la indicación de misoprostol o la AMEU. La auditoría enfatiza que no sólo repercute en prácticas poco seguras y de menor autonomía para las beneficiarias, sino en un gasto mayor injustificado”, indica el informe. Al respecto Ramón Michel explicó: “Hay profesionales que insisten y es muy difícil de justificar, existen muchos cursos de actualización. Esto se asocia a un cierto desdén por aprender y un desinteres por mantenerse actualizada por el aborto y razones más oscuras por genernar un dolor extra a la mujer”.

Por su parte, desde el Consultorio explicaron: “Los legrados son una práctica cada vez desaconsejada por la comunidad médica internacional. Es sabido que en Tucumán es una práctica difundida pero a pesar de que se siga recomendando, deberían dejar de realizarse a menos que una situación de suma urgencia lo requiera. Existen métodos mucho menos invasivos, de más rápida recuperación, que no exigen el uso de un quirófano o un anestesista y por ende son más económicos y que sí están recomendados por la OMS, IPAS, CLACAI, FLASOG para resolver las IVES”. 

Las irregularidades y los desafíos más urgentes en la provincia

Mientras Tucumán es la quinta provincia con la tasa más alta de IVE, la fundación MxM denunció recientemente la existencia de “nacidos vivos de ILE”. Es decir, el incumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo que contempla el aborto después del tercer trimestre en casos de abuso sexual intantil como en embarazos que significan un riesgo para la persona gestante.

“El 27 de julio pasado presentamos varios pedidos de información pública a distintas reparticiones del Estado, luego de tomar conocimiento sobre la existencia de «nacidos vivos de ILE», certificados en nuestra provincia e ingresados en el Sistema de Adopción local”, denuncia el informe presentado por la fundación.

“Los obstáculos y resistencias se han trasladado a los casos más trágicos porque tanto los abusos sexuales infantiles como los embarazos que tienen un riesgo justifican la ILE. Las niñas victimas de abusos sexual cuyas gestaciones se descubren de manera tardía recurren a una ILE”, afirmó la abogada feminista y presidenta de la fundación, Soledad Deza.

Y agregó: “Lo que nosotros estamos planteando es algo mucho más grave, niñas adolescentes que han pedido una ILE, lo han documentado, pero no le han garantizado la ILE, les han provocado un nacimiento con vida. Son varios detectados de la misma institución, hemos hecho los pedidos públicos pero aún no hemos tenido respuesta tenemos el oficio judicial tampoco sabemos si saben es un trama bien fea”.