Fiscal Federal General pide investigar a funcionarios de la UNT y empresarios por lavados de activos y asociación ilícita

Mientras avanza el juicio oral y público por corrupción en la Universidad Nacional de Tucumán contra el ex Rector Juan Alberto Cerisola y funcionarios de su Gabinete por el desfalco de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio que debían destinarse a la Ciudad Universitaria de San Javier, también se mueve la Causa Cerisola II: el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez interpuso un recurso de Casación para que la Cámara de Buenos Aires resuelva si corresponde que exfuncionarios universitarios y empresarios tucumanos involucrados en las obras con presuntos sobreprecios por más de $44 millones sean investigados por lavado de activos y asociación ilícita.

Gómez interpuso un recurso ante la Cámara Federal de Casación luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazara su planteo de ampliación de procesamiento sin prisión preventiva del ex Rector Juan Alberto Cerisola y sus exfuncionarios Olga Cudmani y Osvaldo Venturino como de 20 empresarios tucumanos que realizaron 16 obras con fondos de YMAD donde se detectaron diferencias de $44.182.900,16 entre el monto total pagado por la UNT y el monto real estipulado de las obras (a valores corrientes de los años 2007, 2008 y 2009).

Para el fiscal federal, en la segunda causa se investiga si "los imputados obtuvieron dineros a raíz del cobro de sobreprecios sobre el costo estipulado para llevar adelante obras en la infraestructura de la Universidad Nacional de Tucumán" a partir de "operaciones con apariencia de legalidad formal ya que contaron con el soporte normativo administrativo dictado por las autoridades competentes de la alta casa de estudios para facilitar el acceso ilegal a los dineros públicos" en las que "los dineros obtenidos ilícitamente fueron reintroducidos -en sus diversas modalidades y/o manifestaciones típicas- en el mercado mediante las acciones ejecutadas por las empresas investigadas".

Considera el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación que "es razonable sospechar que el indebido manejo de los dineros remitidos por “Minera Alumbrera Ldta”, a través de argucias articuladas con apariencias de legalidad, debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados".

En ese sentido, enfatizó que "este hipótesis solo puede ser analizadas desde la perspectiva punitiva brindada por el tipo penal de lavado de dinero, lo contrario a todo especie o tipo de investigación en esa línea constituye un mascaron de impunidad que beneficiaría a los imputados", y recordó una publicación del diario La Nación titulado "Glencore monto una red offshore para operar la mina de oro La Alumbrera", y alertó que así "existen numerosos indicios para tener por acreditado, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, que los encartados se hicieron de dineros de origen ilícitos y los reingresaron en la cadena de actividades desarrolladas por las empresas adjudicatarias de las obras publicas a ejecutar en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán".

También para Gómez podría investigarse el presunto delito de asociación ilícita que "la trama del accionar delictivo que es objeto de este proceso, muestra matices y diferentes grados de intervención de los sujetos activos en la ejecución del ilícito, cuyos efectos directos se batieron directamente sobre el patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán", y por ello planteó que "desde la perspectiva organizacional, podría aseverarse que el imputado Cerisola habría desarrollado un rol fundamental en el montaje y ejecución de la maniobra defraudatoria".

"El ex rector procesado habría contado con la colaboración de funcionarios públicos que destentaban lugares preponderantes en la toma de decisiones internas en la universidad. El elenco delictivo se habría completado con los empresarios procesados y adjudicatorios de las obras publicas pesquisadas", analizó.

Para la pesquisa, los sobreprecios en las obras con fondos de YMAD muestran los "presupuestos típicos" de la asociación ilícita: "Se está en presencia de una organización que supera ampliamente el mínimo de integrantes requeridos; hay una diferenciación prístina de roles y funciones en la asociación, que lucen observables sin esfuerzo, pues el grupo adoptó para si los roles estipulados en función a la división de trabajo que rige la actividad institucional de la Universidad; y se aprecia cómo y de qué manera se ejercicio la jefatura desde la cúspide de la estructura administrativa con apariencia de legalidad formal", aseveró el fiscal.

Gómez también insistió en su presentación en que "en la instrucción hay funcionarios que aún no fueron traídos a proceso", entre los que mencionó a la ex Vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y el director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, y el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, al momento de aprobarse las resoluciones Nº365/366/367 del 2008., con el atenuante de que éstos últimos "continúan desempeñando roles en la estructura jerárquica", lo que "orna ostensible el riesgo de obstrucción del avance del proceso penal con afectación seria de la producción de prueba de cargo".

También pidió investigar Gómez la presunta responsabilidad penal del directorio de YMAD, en ese momento integrado por su presidente, Manuel Benítez; los vocales por Catamarca, Carlos Ernesto Bustamante y Carlos Alberto Colombo; y los directores por la UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido-, ambos exrectores de la Casa de Altos Estudios tucumana. Todos ellos, sostiene el fiscal, "con su accionar, facilitaron la rúbrica del convenio entre YMAD y UNT en fecha 02/01/2008, lo que facilito la disminución del monto dinerario que debía percibir la Universidad de acuerdo a la Ley 14.771, pasando de un 40% a un 20% de la utilidades que arroja el emprendimiento minero".

También apuntó contra otros exfuncionarios universitarios como aquellos que integraron el "Equipo de Planeamiento" y del "Equipo económico" que integraban miembros de la Dirección General de Administración de la UNT, incluidos los contadores Francisco Castillo, Guillermo Daniel Figueroa y Ronald Parada Pareja. El fiscal, además, advierte que "los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán cumplieron un rol decisivo en la aprobación de las resoluciones administrativas que dispusieron un régimen de obras en contradicción a la Ley 13.064",como también "omitieron cumplir con el deber de contralor sobre la aplicación de los fondos y los pagos que se concretaron a las empresas contratistas".

Fueron procesados sin prisión preventiva el ex Rector Cerisola, los exfuncionarios Cudmani, Venturino y Sacca y los empresarios Marcelo Eduardo Boero ($ 5 millones); Pedro Alberto Varela Otonello y Juan Manuel Peña ($ 2 millones cada uno); Juan Carlos Aranda y Norma del Valle Zóttola ($ 4 millones cada uno); Ricardo Aníbal Fernández y Ruth Soledad Fernández ($ 3,5 millones cada uno); Manuel Guillermo Galindo y Roberto Antonio Galindo ($ 9 millones cada uno); Javier Martínez Riera y Oscar Enrique Prado ($ 6 millones cada uno); Juan Vicente Guzmán ($ 15 millones); Horacio Eduardo y Fernando Adrián Gordillo ($ 10 millones cada uno); Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace ($ 4 millones cada uno); Luis Exequiel Movsovich ($ 18 millones); Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio ($ 10 millones cada uno).

Enfatizó el fiscal federal: "El cambio de destino de los dineros obtenidos mediante el despliegue de las maniobras defraudatorias es una consecuencia lógica y necesaria si se atiende a que la finalidad de este tipo conductas es acceder a sumas de dinero para sustraerlas de mecanismos de control y/o recuperación de activos. También es cierto que la insolvencia suele ser un denominador común entre aquellos involucrados actividades defraudatorias, pues el riesgo de decomiso del activo es baremo contemplado por el infractor".

Por ello, pidió la detención de los imputados: "Estos elementos son indicativos de la necesidad de que por los medios pertinentes se disponga la detención de los imputados, hasta tanto se concluyan las medidas investigativas conducentes, se determine el destino impreso a los activos públicos detraídos y se concrete la realización del debate oral del tramo procesal que ya fue elevado al Tribunal Oral Federal", requirió.

Finalmente, Gómez propuso que la instrucción debía profundizarse ya que "La Cámara Federal de Tucuman, en su derrotero jurisprudencial, evidencia claramente que en sus intervenciones establece una serie de directrices que alcanzan a las hipótesis investigativas y/o a los tipos penales" considerando que en la causa contra Bacchiani, Edgar Adhemar donde ay intervino "La cantidad de víctimas, la complejidad de las maniobras y el monto del perjuicio económico indican que este es el proceso, que por su relevancia procesal y social, dejan manifiesta la intervención activa de la Cámara Federal en la dirección de la instrucción" y en este caso que afecta a la UNT "la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán discrecionalmente establece directivas que deben ser atendidas por los jueces de grado", y así "No hay dudas que el decisorio impugnado se levantó sobre consideraciones arbitrarias, que con un notable voluntarismo, la Cámara Federal de Apelaciones intento ordenarlas para darle una apariencia de razonabilidad".

El fiscal Gómez solicita a la Cámara Federal de Casación Penal "que revoque la sentencia impugnada, en punto a que rechazo la pretensión de detener a los imputados y dejo de lado la petición de aplicar las figuras de lavados de activos y asociación ilícita, haga lugar a lo peticionado por este Fiscal General y ordene la remisión de los autos al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán a fin de que dicte un nuevo fallo en línea con los argumentos expuestos y que el proceso continúe con la celeridad requerida".

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