Tras la declaración de Cerisola, sigue el juicio por el desfalco de fondos que debían destinarse a la Ciudad Universitaria de la UNT

Este miércoles 26 de junio se desarrollará la cuarta audiencia del juicio oral y público de la causa por defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra el ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y funcionarios de su gabinete, en el proceso por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia: allí se investiga el supuesto desmanejo de unos U$S 85 millones provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. 

Tras la declaración de Cerisola, se prevé que en la audiencia de hoy, que se desarrollará desde las 9:30 en la sede del Tribunal Oral Federal, declaré el uno de los cuatro imputados: Luis Fernando Sacca, exsubsecretario de Políticas Administrativas y Gestión. Los otros dos exfuncionarios universitarios acusados son Olga Cudmani –titular de la Dirección de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino –Director de Inversiones y Contrataciones-.

En la última jornada del juicio, el exrector subrayó que los dirigentes radicales actuaron "con independencia" y que como directores "tienen autonomía", a la vez que reprochó la investigación a cargo del fiscal Carlos Brito: “Cuando el juez le preguntó al fiscal si ampliaría la tesis acusatoria con otras personas, Brito dijo que no porque no advertía delito en su accionar. Campero, que tomó la resolución de reducción no le advierte delito; él toma la decisión y yo estoy sentado acá”, arremetió. A pregunta de su propia defensa, recordó que la Rectora Alicia Bardón intentó apartarlo de su cargo, pero no pudo hacerlo por esa propia “autonomía funcional”. Ojo, Cerisola sostiene que el accionar de Campero y Marigliano fue “legítimo” y lejos está de culparlos porque considera que no hay delito y que sí existe la Ciudad Universitaria.

Sólo el ex Rector y tres miembros de su Gabinete están imputados, pero en la tercera audiencia retumbaron fuerte los nombres y actuaciones de Campero y Marigliano; de la ex Vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández; del secretario general del Rectorado, José Hugo Saab; del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro. También de otros ex funcionarios como Luis Castillo, Luis Méndez, Ramiro Moreno, Ronald Parada Parejas, Rafael Malla; de los fallecidos Carlos Reimundín y Florencio Aceñolaza, quienes se desempeñaron como secretario administrativo y secretario general de Cerisola respectivamente; y de la ex Decana de Derecho, Adela Seguí, como del consejero por los Egresados Ricardo Cisneros, de la comisión especial que debía investigar el manejo de los fondos de YMAD.

Cerisola está acusado por haber reducido las utilidades que correspondían a la UNT del 40% al 20%, pero el delito de fondo es haber decretado mediante acta del 2 de enero la conclusión de la Ciudad Universitaria, “reemplazada” por el Plan de Obras que bautizó La Ciudad Universitaria del Siglo XXI, como por las colocaciones financieras que se realizaron para resguardar los fondos hasta que se pudo moldear ese régimen especial de contratación de obras para hacer esas obras a toda velocidad que devino en presuntas irregularidades y sobreprecios en 12 o 13 obras, depende quién pregunte.

El ex Rector se retiró de la audiencia sin aclarar qué hubiera pasado si no firmaba o por qué no buscó los planos de la Ciudad Universitaria que eltucumano localizó en mayo de 2023 en la Planoteca de la UNT; si estaba efectivamente “obligado” a firmar para recibir la última remesa dineraria de $36 millones ¿actuó bajo extorsión? ¿podían los decanos reclamarle obras al punto de forzarlo a sentenciar que la Ciudad Universitaria sí existe? ¿lo benefició que los fondos pasen a ser de libre disponibilidad?

En las primeras dos jornadas del juicio se vislumbró que más allá de las colocaciones financieras o el precio de las obras realizadas, el quid del debate será el origen de los fondos malversados, las atribuciones que tenía –o no- el Rector Cerisola para firmar el acta que declaró “satisfecha” a la UNT en su derecho a recibir el 40% de las utilidades de YMAD para construir la Ciudad Universitaria, ratificando que estaba “terminada” al ser reemplazada por un plan de obras y reduciendo así esos fondos a la mitad, para que sean de libre disponibilidad.

También se deberá dilucidar los antecedentes de aquella acta firmada el 2 de enero de 2008: a esa acta que la UNT calificó años después como lasciva la antecede la rubricada el 27 de diciembre de 2007 por el directorio de YMAD, donde la UNT estaba representada por los ex Rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ambos dirigentes de fuste de la Unión Cívica Radical de Tucumán. Allí se redactó de puño y letra la que firmaría el imputado Rector días después.

Más de un lustro después, hasta la inexistente querella de la UNT, a cargo de Rodolfo Tercero Burgos ─de fuertes vínculos con la justicia federal y que se encuentra a las puertas de un juicio, acusado por el abuso sexual de su hija─, calificó la investigación como "limitada", y el accionar de Carlos Brito fue muy cuestionado por las partes. En 2018, le dedicó apenas un párrafo al origen de los fondos y 35 páginas a los presuntos sobreprecios en las obras y las colocaciones financieras con ese dinero, pero nunca su proveniencia, la potestad para tomar tal decisión y reducir los fondos a la mitad, pasando a ser los mismos de libre disponibilidad.

Hasta la fecha se desconocen actuaciones encabezadas por el también lobbista del diario La Gaceta, que no se especializa en derecho penal. Sin embargo, a pesar de no tener experiencia en este tipo de casos, Burgos es muy cercano a la política universitaria, ya que fue subsecretario legal y técnico de Alicia Bardón y abogado personal de la ex Rectora a la que defiende en una causa en la que se acusa por "malversación de fondos" universitarios. Luego fue designado en el directorio de Canal 10 en representación de la UNT; desde 2019 fue contratado por la Universidad en el Rectorado de José García para ejercer la querella que estaba a cargo de Diego Lamoglia y fue ratificado en esa función y recontratado por Sergio Pagani. En 2022, apoyó públicamente la candidatura de Augusto González Navarro a Decano de Derecho.

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