"Todo lo contrario al Estado de derecho": aseguran que la medida solicitada por la exjueza Brand contra eltucumano.com es un caso de censura previa

A fines de noviembre, eltucumano.com recibió de la exjueza Valeria Brand una medida de tutela autosatisfactiva, en la que emplazó al Poder Judicial de Tucumán a ordenar de forma “urgente” a este medio la eliminación de internet de todas “las publicaciones y la prohibición de futuros contenidos que mencionen o cuestionen mi trayectoria profesional en cualquier ámbito público o privado” (SIC).

Brand apela a una figura procesal excepcional para evitar el escrutinio público sobre su cuestionada trayectoria, desvirtuando herramientas legales que fueron concebidas para proteger derechos vulnerables en situaciones extremas.

“Vengo sintiendo violentada en mi buen nombre y honor a partir de las publicaciones que en medios de comunicación y redes sociales los denunciados difunden conteniendo datos que no han sido corroborados y que, por ende, resultan falaces y manifiestamente tendenciosos, constituyéndose en vehículo de agravios y comentarios en las redes sociales de todo tipo en mi contra”, aduce la pretensa víctima de violencia mediática en su denuncia contra este medio. Acusa a nuestro diario de hacerse eco de supuestas falacias y hostigamientos en su contra que ciertas personas dijeron o señalaron en entrevistas de nuestro medio.

Sobre esta situación, que se enmarca en un caso de censura previa contra un medio de comunicación, el abogado Macario Santamarina, representante legal de eltucumano.com dio una entrevista en FM La Tucumana 95.9, en la que trató de explicar la medida solicitada por la ahora aspirante a Camarista: “Ella lo que pide, hablando en criollo, es que un juez le diga a eltucumano.com que no publiquen en lo sucesivo más su nombre y notas relacionadas con ella”. 

“Es un proceso muy corto, donde vamos a tener una audiencia ─primero programada para el lunes 3 de diciembre y postergada por Brand para el 9 de diciembre─ y el juez va a resolver en base al pedido de la doctora Brand. Personalmente, creo que es una locura”, afirmó el letrado. 

Ante la consulta sobre cómo calificaría esta decisión de la exmagistrada, que en septiembre del año pasado renunció a su cargo en el Juzgado de Familias y Sucesiones de la V° Nominación del Centro Judicial de la Capital a fin de evitar un juicio político en su contra, el abogado señaló que “en realidad es censura previa y es una cosa que es inconstitucional e inconvencional”. “No hay para mí, desde el punto de vista personal y de mi entender jurídico, ninguna posibilidad de que un medio periodístico, de ninguna manera, se le impida a futuro realizar su labor. Es censura previa y está prohibido por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, puntualizó. 

Como toda prueba contra eltucumano.com, Brand presentó cuatro capturas de pantalla ─el lector puede cotejar y analizar en este link─. “A partir de la prueba que acreditaré con esta presentación, en el caso de autos se encuentran comprometidos en forma actual e inminente derechos elementales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución y diversos Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, que van desde el derecho a la intimidad, al honor y a trabajar, hasta la prohibición de toda violencia contra la mujer y el deber de no dañar (“alterum non laedere”) previsto en el art. 19 de la Constitución Nacional”, aduce en abstracto Brand apoyada en la urgencia para no explicar el supuesto agravio de eltucumano.com que dice probar con las capturas de pantalla.

Brand acusa a eltucumano.com de provocarle un "escarnio público" con sus notas en 4 capturas de pantalla.

La justificación a la "censura  preventiva" que pretende Brand se encuentra -según la abogada experta en derecho civil- en lo que llama la tutela de prevención y su máxima “más vale prevenir que curar” que dice en su demanda “campea en todo el nuevo ordenamiento. Tan es así que se afirma que el Código ha elevado la prevención a la categoría de principio de derecho privado, justificándose el deber de prevención en distintas reglas jurídicas como el “alterum non laedere” (deber de no causar un daño a otros), la buena fe y solidaridad; la interdicción del abuso del derecho y la regla de la legítima defensa” y cita el libro de su mentora Adela Seguí  “Prevención de los daños y tutela inhibitoria ─Seguí sigue siendo directora de la carrera judicial a pesar de su oprobiosa y delictiva actuación como presidenta de la comisión encargada de investigar la malversación de fondos obtenidos a partir del robo de la ciudad universitaria en San Javier contra la UNT─.

“El ejercicio del periodismo entraña una responsabilidad. Es verdad que se puede realizar algún daño al honor de una persona con condiciones muy específicas, porque el periodismo está íntimamente vinculado a la vida democrática de la Nación, porque la democracia está basada básicamente en una de sus libertades fundamentales es la libertad de expresión, formación y discusión de ideas. El periodismo es la institución que encarna esa discusión pública de la circulación de las ideas, por lo que la restricción de la labor periodística, incluso ante una posible ofensa que pueda sentir alguien, está limitada a situaciones muy específicas que hay que discutirlas, como la doctrina de la real malicia y algunas cuestiones así. Pero puede darse el caso que una nota periodística pueda entrañar una responsabilidad posterior y un derecho a indemnizar un derecho. Ahora, censura previa no tiene ninguna posibilidad de ser, desde ningún punto jurídico”, explicó Santamarina.

En ese sentido, el abogado recordó el fallo Fontevecchia de 1995, en la que “Argentina fue condenada internacionalmente por haber censurado a posterior a la editorial Perfil, por haber publicado las noticias referidas a Carlitos Nair Menen, en su momento el hijo no reconocido por el expresidente”. “Uno de los conceptos que marca ahí es que tanto el funcionario público, como las personas que aspiran a serlas, están sometidas más al escrutinio público que las que no. En este caso, estamos ante una exfuncionaria pública que ha sido cuestionada y con un proceso de juicio político que se archivó por una decisión personal de ella de renunciar y además aspira a ser nuevamente magistrada en un cargo donde aludió ese juicio político”, puntualizó. 

Macario Santamarina asegura que el pedido de la exjueza Brand es cesura previa.- 

Sobre el pedido puntual de la exjueza Brand, Santamarina contó que puede leerse una petición de no escribir a futuro sobre ella y que se remuevan las nombradas anteriormente. “No aclara si es de eltucumano.com porque hay tres personas demandadas, no está muy claro a quién se refiere, pero lo discutiremos. Creo que no tiene ninguna razón de ser porque no hay ninguna nota del diario que tenga que ver con la intimidad de la doctora Brand, ni con su vida privada. No sabemos si está casada o no, si tiene hijos o no, nadie se mete con eso, tiene que ver con cuestiones que hacen al debate público. Es una jueza que tuvo en su momento un pedido de juicio político, que avanzó, que tuvo renuncia, que además pretende volver a la Magistratura. Todo en orden de situaciones públicas. Los concursos, las entrevistas en el Consejo de la Magistratura, son actos públicos. No tiene sentido esto que pide la doctora Brand”, reiteró. 

En su presentación, la nuevamente aspirante a jueza adujo ser víctima de una "campaña de violencia de género mediática", al que el abogado de eltucumano.com negó rotundamente. ”Es posible que la violencia de género se exprese a través de los medios de comunicación y de hecho se lo ve, cuando hay estereotipo de género o algunos chistes. Pero en este caso no. Todas las notas, si ustedes las leen, fueron referidas y relacionadas a su función judicial. No tienen ningún epíteto relacionado con la cuestión de género y lo que se cita en esas notas son actuaciones que existen en el marco de la comisión de Juicio Político. No hay nada que tenga que ver con su vida privada, que ella hace mención, ni con su honor. Evidentemente, ella verá reducida sus chances de volver a la magistratura si sale a la palestra pública su nombre y esta cuestión de que esquivó el juicio político renunciando. Es lo que pasó”, afirmó.

Sobre el cierre de la entrevista con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano, Santamarina aseguró que “le sorprendería” que un juez de lugar a lo solicitado por Brand: “Si pasa va a ser un escándalo a niveles nacionales y vamos a llegar hasta la Corte Interamericana. Creo que no vamos a llegar tanto porque se va a resolver el lunes o en alguna instancia de apelación. Es como que yo sea víctima de un delito y pida la pena de muerte para el acusado. El juez me va a decir ‘eso es imposible porque la ley lo prohíbe’. Es un caso análogo, yo no puedo pedir que no me nombren a futuro en los diarios. El juez deberá decir, ‘disculpe no se puede porque hay censura previa’. Un fallo en otro sentido sería un escándalo y me imagino proporciones épicas porque vamos a ir a las instancias que tengamos que ir para asegurar el libre ejercicio del periodismo”, reiteró. 

“Es censura previa, ni más ni menos. Es algo que se dio en las dictaduras. Decir que no podés hablar de algo es todo lo contrario al Estado de Derecho en una democracia. Que después te hagas responsable de lo que decís es otra cosa. Eso, por supuesto, hace al Estado de Derecho. La libertad entraña responsabilidad. Ahora decir ‘vos no podés hablar de’, eso no es democracia”, finalizó. 

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• Valeria Brand