Tras un fallo federal, resurge el caso del ataque al capitán Viola y reabre el debate sobre Justicia y memoria histórica en Argentina

El reciente fallo de la Cámara Federal que ordenó reabrir la investigación del atentado de Montoneros al comedor de la Policía Federal en 1976 ha reavivado el debate sobre cómo procesar judicialmente la violencia política de los años 70 en Argentina. Este precedente podría impactar en otros casos emblemáticos, como el del capitán Humberto Viola, asesinado junto a su hija de 3 años por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.

En efecto, en un giro a la jurisprudencia fijada hasta ahora, el fallo sostuvo que aquella masacre no está prescripta: se trató de una grave violación a los derechos humanos y el Estado argentino tiene la obligación de dar respuesta sus víctimas. “El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”, así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El asesinato del capitán Viola se produjo en un momento de creciente violencia política en Argentina. Desde finales de 1974, la violencia había aumentado significativamente, alcanzando su punto más alto en 1975. En febrero de ese año se inició el Operativo Independencia en Tucumán, donde el Ejército comenzó a combatir a la guerrilla rural del ERP. El ataque contra la familia Viola ocurrió el 1 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán, cuando el capitán Humberto Viola, de 31 años, se disponía a estacionar su automóvil frente a la casa de sus padres. Iba acompañado de su esposa embarazada y sus dos hijas pequeñas. Un comando del ERP los emboscó, asesinando al capitán y a su hija María Cristina, de 3 años. Su otra hija, María Fernanda, de 5 años, resultó gravemente herida.

Según relatos de testigos y familiares, el ataque fue brutal y premeditado. María Fernanda Viola, la hija sobreviviente, ha declarado que su padre intentó alejar a los atacantes de su familia: "Mi papá, para resguardarnos, se bajó del auto y se alejó, para atraer los disparos hacia él. Empezó a correr hacia una esquina, ya con una herida de bala, y ahí lo remataron con un tiro por la espalda. "El ERP reivindicó el atentado como parte de una campaña de represalias contra el Ejército. Sin embargo, el capitán Viola no había participado en operaciones represivas y era un oficial dedicado a tareas administrativas.

El asesinato del capitán Viola y su pequeña hija conmocionó a la sociedad argentina y tuvo un fuerte impacto en las Fuerzas Armadas. Contribuyó a crear un clima de odio y venganza que alentó el compromiso del Ejército con la represión ilegal que se desplegaría posteriormente en el marco del Operativo Independencia y la última dictadura militar.

La familia Viola ha luchado durante décadas para que el caso sea reconocido como un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. María Fernanda Viola, en una reciente entrevista, expresó: "Queremos que la historia se cuente en forma completa. Hay víctimas de los dos lados y nosotros estuvimos silenciados muchos años. "El caso está actualmente planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podría tener un giro con la nueva posición del gobierno de Javier Milei sobre la política de derechos humanos.

El fallo reciente de la Cámara Federal sobre el atentado de Montoneros de 1976 abre la posibilidad de que otros casos similares, como el del capitán Viola, sean reconsiderados bajo una nueva óptica jurídica. Esto podría llevar a una revisión más equilibrada de los acontecimientos violentos de la década de 1970, buscando dar respuesta a todas las víctimas y contribuir a una memoria histórica más completa. La reapertura de estos casos plantea desafíos importantes para la justicia argentina y para la sociedad en su conjunto, en el camino hacia una reconciliación nacional basada en la verdad y la justicia para todas las víctimas de la violencia política.

Viola había nacido el 15 de febrero de 1943 en Tucumán y estaba destinado en el Destacamento de Inteligencia de esa provincia. Los comandos del ERP lo tenían marcado. Ante el clima de violencia que se vivía, una semana antes trató de tranquilizar a su esposa: “Todos corremos peligro. Esto es una guerra, pero no te preocupes, con las familias no se meten”, decía.

En octubre de ese año el ERP había anunciado que “ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia” y que, ante la muerte de un guerrillero, ejecutaría a un militar. Las acciones comenzaron el 10 de octubre con el asesinato del teniente primero de intendencia Juan Carlos Gambande, luego mataron al mayor bioquímico Jaime Gimeno, al teniente coronel José Cardón, al mayor Néstor López y al teniente primero Roberto Carbajo.

Para llevar a cabo su cometido, los asesinos planearon conseguir una casa para cinco personas, y como demoraron en ubicar una, cuando les mandaron las armas debieron esconderlas de apuro en una pensión donde se alojaba un guerrillero. Al frente del grupo estaba el santiagueño Hugo Irurzun, conocido como “el capitán Santiago”. Lo secundaban Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y el sueco-chileno Svante Grände.

Los ocupantes de los tres autos que participarían de la emboscada vieron llegar a la familia a la una y cuarto. Habían hecho inteligencia y conocían los movimientos de Viola. Los que llevarían a cargo el ataque eran miembros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que evocaba a un dirigente del PRT muerto tiempo atrás.

El fallo fallo de la Cámara Federal que ordenó reabrir la investigación del atentado: