Avanza la instalación mediática de un "Desfalco" en el Interior: ex Intendentes que retiraron $36.846 millones por ventanilla se defienden en La Gaceta

Los cuatro ex intendentes tucumanos mencionados en un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por extracciones municipales por ventanilla que suman $36.846 millones han respondido públicamente a las publicaciones de La Gaceta afirmando que no han recibido notificación oficial alguna sobre la investigación. Darío Monteros (Banda del Río Salí, $17.256 millones), José Orellana (Famaillá, $11.449,6 millones), Carlos Gallia (Lules, $4.217,7 millones) y Francisco Serra (Monteros, $3.923 millones) coinciden en señalar la irregularidad del procedimiento.

"Hasta ahora no hubo ningún tipo de pedido de informes o de notificaciones solicitando información", declaró Monteros a La Gaceta, agregando que "se ha mediatizado desde la política, no desde los hechos concretos". Esta situación plantea interrogantes sobre los canales a través de los cuales el informe de Procelac llegó a la prensa antes que a los propios investigados, repitiendo el mismo patrón observado en el caso YMAD.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó en conferencia de prensa que "este informe desde diciembre está circulando en Tucumán por muchos pasillos de los diferentes poderes del Estado hasta en algunos bares", evidenciando una distribución del documento previa a cualquier procedimiento judicial formal, según lo documentó El Tucumano.

Los funcionarios señalados han explicado que las extracciones por ventanilla constituyen procedimientos administrativos habituales en la gestión municipal, rechazando la caracterización mediática de "desfalco". Según Monteros, "es normal en los municipios retirar fondos para abonar obligaciones que no están bancarizadas. Los vecinos saben que se hace un operativo para retirar los recursos con la Policía". El actual ministro ejemplificó con pagos a proveedores de servicios culturales y eventos municipales que habitualmente se realizan en efectivo.

José Orellana afirmó que todos los recursos extraídos "fueron para obras, servicios, gastos de administración y algunos gastos sociales" y se manifestó dispuesto a presentar la documentación respaldatoria ante cualquier requerimiento formal. "Estamos dispuestos a presentar la documentación que sea necesaria", declaró, según consignó El Tucumano.

Los cuatro funcionarios han señalado que las operaciones cuestionadas cuentan con el respaldo de las respectivas Cuentas de Inversión aprobadas por los Concejos Deliberantes, cumpliendo con los mecanismos de control previstos en la normativa municipal.

Mismo Libreto: Procelac, La Gaceta y el Precedente YMAD

La investigación sobre las extracciones municipales presenta paralelismos procedimentales con el caso contra la Universidad Nacional de Tucumán por el manejo de fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). En ambos casos, la Procelac elaboró informes que fueron publicados por La Gaceta antes de notificaciones formales a los investigados, desviando la atención de hechos más graves.

En el caso YMAD, la atención mediática se concentró en supuestas irregularidades administrativas de Cerisola y Sacca, mientras se ignoraba sistemáticamente el hecho central: la falsificación documentada en el Acta Nº498 del directorio de YMAD que declaraba finalizada la Ciudad Universitaria de San Javier cuando apenas estaba al 51% de su construcción. Esta falsificación permitió desviar más de 5 mil millones de dólares que debía aportar la británica Minera Alumbrera LTD para la construcción del campus universitario.

Luis Sacca, tras 14 años de proceso judicial, declaró que "en el 2014 ya se sabía que no faltaba dinero, todos lo sabían. No había ninguna duda de que no faltaba dinero, el fiscal Brito lo sabía, y así y todo decidió imputarme". Sacca también señaló que la denuncia anónima llegó "en el mejor momento de mi carrera política, cuando venía mi reelección en Diputados", revelando el timing político de estas investigaciones.

Selectividad informativa en un año electoral

La publicación de la investigación preliminar coincide con un año electoral, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas. Orellana ha cuestionado directamente la selectividad de la investigación: "Qué casualidad que no mencionan a otras municipalidades que tenían el mismo modo de trabajo, como la Capital", adujeron a eltucumano.

El gobernador Jaldo vinculó explícitamente la aparición de Tucumán, Salta y Catamarca en el informe con posiciones políticas: "Son las tres provincias que, desde el primer día, tomaron la decisión de colaborar con el Gobierno nacional", declaró. Esta coincidencia geográfica ha alimentado interpretaciones sobre un posible direccionamiento de la investigación hacia provincias con posturas dialoguistas respecto al gobierno de Javier Milei.

La oposición provincial, por su parte, ha encontrado en La Gaceta un espacio para amplificar las acusaciones. Roberto Sánchez, diputado opositor, declaró al medio: "El informe de la UIF confirma lo que denunciamos en la campaña electoral del 2023", sin presentar evidencias concretas que sustenten sus afirmaciones.

Dos Investigaciones, el mismo medio

Un patrón que emerge con claridad es el protagonismo de La Gaceta como canal exclusivo para la difusión de informes preliminares de la Procelac. En el caso YMAD, este medio fue instrumental en mantener durante 14 años el foco en aspectos secundarios mientras se ignoraba la falsificación que permitió el desvío de fondos destinados a la Ciudad Universitaria.

Ahora, el mismo medio presenta las extracciones municipales por ventanilla como un "desfalco" antes de cualquier determinación judicial, publicando posteriormente las defensas de los funcionarios en un contexto donde ya se ha instalado el marco interpretativo de irregularidad. Esta estrategia mediática ha sido documentada y analizada como una forma de construir percepciones públicas independientemente de los resultados judiciales finales.

La ausencia de notificaciones oficiales a los funcionarios mencionados en el informe constituye un aspecto central que cuestiona la regularidad del procedimiento. Este hecho, mencionado explícitamente por los ex intendentes, ha recibido tratamiento secundario en la cobertura mediática de La Gaceta, que ha priorizado la magnitud de las cifras y las declaraciones opositoras.

Al respecto, el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido enfático: "Acá no hay ninguna tipificación de delito, no hay ninguna denuncia, es un informe preliminar", declaró en conferencia de prensa, según consignaron medios alternativos, cuestionando la manera en que el informe ha circulado en el ámbito público antes de cualquier procedimiento judicial formal.

El Precio de la Judicialización Mediática

El caso de las extracciones municipales en Tucumán plantea interrogantes sobre los procedimientos de control financiero y la integridad de las investigaciones preliminares. La experiencia del caso YMAD, donde tras 14 años las acusaciones iniciales fueron sustancialmente modificadas, sugiere cautela ante la mediatización prematura de informes técnicos no notificados formalmente.

El ex funcionario universitario Luis Sacca declaró tras años de litigio que "el informe tenía errores, lo cual admitimos, pero dio lugar a consideraciones erradas". Esta experiencia debería servir como advertencia sobre los efectos de la judicialización mediática en etapas preliminares, especialmente cuando los mismos organismos y medios de comunicación que protagonizaron el caso YMAD se encuentran ahora involucrados en la investigación municipal.

El desarrollo de esta investigación -la media de la procelac es superior a los dos años- determinará si los $36.846 millones extraídos por ventanilla en municipios tucumanos corresponden efectivamente a irregularidades administrativas o, como sostienen los funcionarios implicados, a procedimientos habituales en la gestión municipal que cuentan con la debida documentación respaldatoria y aprobación de los órganos de control local.