Con máquinas y un centenar de policías, se llevó a cabo el desalojo del loteo "Gaucho Castro" de El Mollar
La Provincia recuperó las tierras de la Reserva Natural La Angostura, por la que cerca de 30 personas pagaron entre U$S 15.000 y U$S 20.000 para adquirir los lotes. La Justicia le dio cinco días para poder retirar sus pertenencias.
Foto Osvaldo Ripoll para La Gaceta.-
Ayer martes, la Justicia de Tucumán llevó a cabo el desalojo definitivo del llamado “Loteo Gaucho Castro”, que se había construido en tierras de la Reserva Natural La Angostura y que volvieron a quedar en manos del Gobierno de la Provincia.
Más 100 efectivos, bajo las órdenes del jefe de la Unidad Regional Oeste, Marcos Goane, y dirigidos por el fiscal Miguel Varela, cumplieron con la orden judicial dictada el 31 de enero pasado, pero que quedó firme después de que se rechazaran todos los planteos impugnatorios presentados por varias de las más de 30 personas que pagaron entre U$S 15.000 y U$S 20.000 para adquirir los lotes.
Los uniformados se encargaron de custodiar que las máquinas de la Dirección Provincial de Vialidad quitaran los alambrados que marcaban los límites del emprendimiento inmobiliario y las parcelas que ya habían sido adquiridas. Por el momento no se tocaron las casas; las autoridades les dieron plazo otros cinco días para que retiraran todas sus pertenencias. Luego se definirá que sucederá con ellos.
Según la Justicia, un grupo de personas usurpó esas tierras que pertenecen al área protegida de La Angostura. A través de maniobras irregulares, pretendieron darle un manto de legalidad para engañar a las personas que adquirieron los terrenos y que insisten haber comprado en buena fe. Por este caso, el gobernador Osvaldo Jaldo eliminó la Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat (cuatro de los siete sospechosos tenían vínculos con esa repartición) y creó una Unidad Ejecutora para que se encargara de recibir denuncias e investigar cada una de ellas.
El operativo se desarrolló sin grandes incidentes. Sí hubo un momento de tensión cuando una de las compradoras ingresó a su casa con la intención de prenderse fuego para detener la medida. “Hubo una rápida reacción del personal que estaba preparado para actuar y logramos evitar que tomara esa drástica decisión”, sostuvo Goane.
También hubo discusiones con dos compradores que, mal asesorados por su abogado, dijeron que la medida era ilegal porque no habían sido notificados de la orden de desalojo. Varela les explicó cómo era el procedimiento y terminaron calmándose.
“Lo único que tengo para decirle es que por culpa de LA GACETA sucedió esto. Nos arruinaron el sueño”, dijo una mujer a La Gaceta, que no quiso identificarse. “La gente está muy molesta porque sostiene que compraron tierras que pertenecen a un señor y no a la Provincia. Pero están enceguecidos porque fue el propio Estado el que permitió todo este engaño”, agregó Roxana Jiménez, hermana de uno de los damnificados.
Después de la medida llevada a cabo en el loteo, las autoridades se dirigieron a la confitería que está ubicada en la entrada del valle de Tafí. Allí confirmaron que los propietarios habían desalojado el local.
No intervinieron en el predio del club El Sauce, que fue restituido a la Asociación Obrera Textil de la República Argentina después de que fuera usurpado por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar. La cacique Margarita Mamani anunció que apelarán el fallo de primera instancia, pero hasta el momento no lo hicieron.
