Milei pone en marcha la Reforma Judicial de CFK y avanza sobre la Justicia Federal cómplice del Robo de la Ciudad Universitaria
El ministro Mariano Cúneo Libarona anunció la implementación del Sistema Acusatorio en Comodoro Py y ponderó la "celeridad" del nuevo Código Procesal Penal Federal reformado por iniciativa del gobierno de Cristina, que contrasta con los casi 20 años de encubrimiento del exfiscal Carlos Brito, con la tutela del juez y actual camarista Fernando Poviña y gran parte de la Justicia Federal de Tucumán. La su (no)investigación y el encubrimiento de la falsificación de la construcción del campus de San Javier contra la UNT sigue impune como los ex rectores estafadores y sus funcionarios José Hugo Saab, Lidia Ascárate, Luis Castillo y Augusto González Navarro.
Un perro en la puerta de la sede Federal de (In) Justicia de calle Las Piedras. Foto eltucumano.com.-
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, anunció que desde el 11 de agosto se implementará el Sistema Acusatorio en los Tribunales Federales de Comodoro Py en la Capital Federal. Esto significa que Javier Milei pone en marcha la Reforma Judicial que promovía Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de brindar "una justicia mucho más rápida, eficiente y transparente", lo que pone en jaque a la cúpula que desde el retorno de la democracia maneja la Justicia Federal en Tucumán y que avaló el sistemático encubrimiento durante casi 20 años del ex fiscal Carlos Brito del Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán.
"Vamos a implementar el SISTEMA ACUSATORIO en el distrito judicial más importante del país, Comodoro Py. Este sistema, que rige exitosamente en los Estados Unidos y que todos conocemos por las películas, permitirá una justicia mucho más rápida, eficiente y transparente", anunció Cúneo Libarona en X, y expuso las bondades del sistema que regirá en los principales tribunales federales del país:
-El fiscal investiga y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente.
-El imputado, con su abogado, se defiende de las acusaciones formuladas por la fiscalía.
-El juez es el árbitro, se encarga de que se cumplan las garantías del proceso y resuelve.
"Todo es oral y con plazos estrictos, para que las causas tengan sentencias rápidas", remató. El modelo acusatorio elaborado en el año 2014 durante el Gobierno de Cristina Kirchner y rige desde el año 2019 en Salta y Jujuy, mientras que desde el año pasado se aplicó en los tribunales federales de Rosario, Santa Fe, Viedma, General Roca, Mendoza y Comodoro Rivadavia; y en abril comenzará a estar vigente en Mar del Plata.
Esta Reforma Judicial apunta a otorgarle mayor poder a la fiscalía, que queda a cargo de la dirección de la investigación y la acusación, mientras que el juez queda a cargo de arbitrar en el procedimiento y velar por las garantías del imputado. Los tiempos del proceso se acortan por su oralidad y la digitalización del expediente.
"Hoy el juez es un señor fiscal de la investigación", grafican en El Destape Radio, donde avizoran una "guerra" entre jueces y fiscales como una fuerte cruzada contra el Gobierno desde los sectores con fuerte injerencia como los servicios de inteligencia, la Embajada de Estados Unidos, el Grupo Clarín e incluso el macrismo,
Cúneo Libarona destacó la celeridad que el nuevo sistema acusatorio otorgará a los procesos judiciales: "La mayor celeridad en los procesos judiciales ocurre gracias a que el nuevo sistema le da más injerencia a los fiscales, que al tener el 100% de la investigación a su cargo, pueden cerrar rápido los casos más sencillos y así asegurarse de que solo lleguen a juicio oral aquellos que son más complejos e involucran al crimen organizado".
"Un país próspero es aquel donde no solo su economía funciona bien, sino también sus fuerzas de seguridad y su Justicia. En esta nueva Argentina, la época de los juicios eternos llegó a su fin. Le estamos dando las herramientas a la Justicia para que meta presos a los delincuentes", remató el ministro de Justicia.
Una de las cúpulas que entraría en colapso con esto modificación es la Justicia Federal de Tucumán, cuyo exponente es el ahora exfiscal Carlos Brito, que dejó su cago al frente de la Fiscalía Federal N°1 en noviembre del año pasado, tras ser nombrado bajo la presidencia de Raúl Alfonsín en 1986.
En efecto, el flamante ex Carlos Brito ─de fuertes vínculos con el saabismo gobernante en la UNT y el diario La Gaceta que le garantizaron por décadas que no se conozcan sus pseudo investigaciones como la que no pudo probar el enriquecimiento ilícito de Antonio Bussi a pesar de sus cuentas en suiza no declaradas o la contaminación de Minera Alumbrera Ltd en el NOA─ encubrió el Robo de la Ciudad Universitaria al omitir investigar el delito principal: la falsificación de la construcción del megacampus, cuyo mandato está claramente establecido en la Ley 14.771. A pesar de contar desde 2007 con una copia del contrato Rooney-Marigliano, que originó el fraude, Brito ignoró este documento en su investigación, centrándose exclusivamente en el uso posterior de los fondos obtenidos de manera fraudulenta y señalando solamente al ex Rector Juan Alberto Cerisola como responsable de declarar terminada la Ciudad Universitaria y distrajo la investigación de tal delito investigando presuntos sobreprecios en las obras y las colocaciones financieras con los fondos de YMAD.
Según el exfiscal federal Brito, la mega estafa a la UNT sobre su Ciudad Universitaria fue tomada en exclusiva por Cerisola de "manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión" con lo que echa por tierra el argumento de Cerisola de haber reformulado el mandato de la ley mediante un nuevo concepto de ciudad universitaria realizado por el hijo de Marigliano, nobel arquitecto sin experiencia pero con la petulancia para rebatir el diseño de Sacriste que la ley ordena cumplir a pesar de la negación de la camarilla gobernante de la UNT.
En su pedido de elevación a juicio, recién en el año 2018, el fiscal Brito le dedicó apenas un párrafo al delito de fondo, el robo de la Ciudad Universitaria: “Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. "b" de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó”.
La actuación de Brito - y de su entonces Subrogante Pablo Camuña- bajo la tutela del juez Fernando Poviña estuvo sistemáticamente orientada a proteger a los principales responsables directos de la Estafa y el desvío de fondos, como Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ambos figuras centrales del radicalismo tucumano.
Semejante maniobra contra a la UNT estuvo dirigida a obtener la libre disponibilidad de los dólares mineros que prevé la Ley 14.771 y por ello, el fiscal federal sostuvo que Cerisola "creó un mecanismo normativo paralelo -N. de la R. mecanismo basado en un dictamenes de Asuntos Jurídicos firmados por Augusto Gonzalez Navarro- incumpliendo el sistema de contrataciones vigente, con la finalidad de eludir tos procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, para evitar así la transparencia de los procedimientos.
Este mecanismo fue dado a conocer por el eltucumano en abril de 2022 al denunciar la llamada Doctrina Hochi, ideada por González Navarro para convertir los fondos públicos en privados. Fue esa maniobra del director de Asuntos Jurídicos de la UNT la que facilitó -en palabras de Brito- "la arbitrariedad en la asignación de los contratos, reconociendo erogaciones no previstas, incluso eludiendo todo mecanismo que haya sido diseñado para garantizar que las contrataciones se realizaran bajo el dominio de los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, responsabilidad, concurrencia e igualdad".
Otro punto crítico en la gestión de Brito fue su negativa a investigar a funcionarios universitarios que facilitaron el fraude. Entre ellos destacan el histórico Secretario Genel. José Hugo Saab (secretario general de la UNT) y Augusto "Hochi" González Navarro, autor de los dictámenes jurídicos que justificaron ilegalmente el uso de los fondos públicos como privados. Además, los dictámines firmados por González Navavarro alteraron deliberadamente la letra del artículo 18 de la Ley 14.771 para justificar la sustitución de la Ciudad Universitaria por obras menores. Estos dictámenes crearon un régimen paralelo que permitió sobreprecios de hasta 10 veces el valor base de las obras.
Además. Brito tampoco imputó ni investigó adecuadamente a otros responsables, como el abogado querellante Diego Lamoglia, quien habría actuado como un encubridor más. Además, Brito dedicó apenas un párrafo en su requerimiento de elevación a juicio a la falsificación de la Ciudad Universitaria, minimizando deliberadamente el delito.
Recién en el año 2021, Brito finalmente reconoció la gravedad del delito tras la incorporación del Acta 498 desde YMAD, que confirma la falsificación. Sin embargo, para entonces, su inacción había permitido que los responsables políticos y administrativos quedaran impunes.
La causa por la falsa construcción de la Ciudad Universitaria y por la administración fraudulenta de fondos universitarios -que en 2010 se estimó $ 340 millones o U$S 85,5 millones corre riesgo de quedar impune por la proscripción de los delitos endilgados a los acusados. A esos montos deben sumarse las regalías no cobradas de YMAD, los intereses que generaron millonarios plazos fijos en dudosas entidades financieras nunca declarados y todo un ardid delictivo ignorado u obviado por Brito.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a un pedido de recusación contra el entonces fiscal federal General, Gustavo Gómez -hoy jubilado-, realizado por el fiscal federal, Carlos Brito, por la causa “IMPUTADO: CALLATA, CRISTIAN DANIEL s/INFRACCIÓN LEY 23.737”, donde adujo una “enemistad manifiesta” contra él provocando “pérdida de objetividad que debe observar en su función, careciendo de equilibrio en los dictámenes que presenta en actuaciones donde interviene el suscripto”.
La Cámara Federal, en su fallo –que lleva la firma de los camaristas Ricardo Sanjuán, Mario Rodolfo Leal, Marina Cossio y Patricia Moltini– señaló que “la enemistad manifiesta entre el fiscal Brito y el Fiscal General Gómez conlleva la grave sospecha de la pérdida de unidad entre ellos y, en consecuencia, los fundamentos vertidos por el Dr. Gómez no resultarían suficientes para sostener que su actuación en las causas donde interviene el Dr. Brito sea, en efecto, objetiva”.
En octubre de 2023, Gómez presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán una reiteración de pedido de pronto despacho y que se tenga presente la Reserva de Queja por Retardo de Justicia en la causa que investiga el Robo de la Ciudad Universitaria para en legal tiempo y forma "reiterar el pronto despacho que fuera interpuesto en fecha 03 de agosto de 2023 (agregado al legajo por Secretaría Penal en fecha 18 de septiembre de 2023 – más de un mes después)".
Esta Cámara Federal es la misma que sostuvo la extraña tesis del fiscal Carlos Brito según la cual la falsificación de todo un campus universitario no fue investigada, y, por el contrario, pasó a llamarse en los estrados federales como "renuncia arbitraria a la percepción del 40% de las utilidades que correspondían a la UNT hasta la terminación de la ciudad universitaria” por parte de Cerisola únicamente, obviando la necesaria implicancia de los directores ante YMAD por la UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido-, exrectores y quiénes debían bregar por los intereses de la Casa de Altos Estudios en el directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), y no promover el renunciamiento al gran sueño de la Ciudad Universitaria.
Gómez reactivó la causa, pidió detenciones y nuevas indagatorias, y ante ello Brito buscó recusarlo de la causa por su actuación en "Brito, Carlos Alfredo (Fiscal Federal) s/Prevaricato Pretenso Querellate: Salomón, y Otro" -Expediente FTU 3521/2022.
El fiscal Brito nunca persiguió al jefe de la burocracia de la UNT desde hace 40 años, José Hugo Saab, ni a González Navarro, su brazo jurídico y autor de los dictámenes que permitieron que se declare terminada la Ciudad Universitaria de San Javier a pedido de Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, para que los fondos mineros pasen a ser de libre disponibilidad del Rectorado de la UNT.
El documentado encubrimiento del fiscal Federal Carlos Brito
El 3 de julio de 2018, en su declaración ante el fiscal federal nº1 de Tucumán, Rodolfo Martín Campero confesó que “una vez aprobada” por Cerisola la falsificación ingeniada y promovida por él mismo desde YMAD “la UNT dejó de recibir el 40% de las utilidades líquidas para pasar a cobrar el 20%..." por disposición de YMAD que él mismo votó como vocal del directorio representando a la UNT...
La Confesión impune del ex rector Rodolfo Campero ante el fiscal Carlos Brito (que actuó como si fuera su abogado defensor).
Fiscal Brito reconoce en autos que la falsa construcción de la Ciudad Universitaria de la UNT causó un "daño patrimonial gravísimo" que el mismo prefirió no investigar deshonrando la investidura de fiscal federal de la Nación.
La decisión del TOF en 2021 de incorporar pruebas documentales a la causa dejó expuesta también la cuestionable investigación que llevó adelante la fiscalía Federal nº1 a cargo de Carlos Brito (sobre todo respecto de los sospechosos Campero, González Navarro y Saab, entre otros) –agravada por la magnitud y gravedad del latrocinio y su trascendencia pública- y exhibe con crudeza la gravedad institucional por la que atraviesa la UNT, institución que debiera ser rectora y ejemplo para la sociedad tucumana y nacional. Hasta La Gaceta ha reconocido hace apenas unos días - y después de quince años - la coautoría de Campero y Marigliano en la estafa a la Universidad Nacional de Tucumán.
El pasado lunes se reanudaron las audiencias del juicio contra Cerisola y funcionarios de su Gabinete donde no se investiga ni investigará la decisión de declarar terminada la Ciudad Universitaria. En el marco del plan de dilación y encubrimiento que lleva adelante desde el mismo momento de los hechos, La Gaceta se entusiasmó con la declaración del ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, perito del Ministerio Público Fiscal que entre 2020 y 2023 analizó las inconsistencias en las obras realizadas y sus respectivos expedientes. Su testimonial se extendería por ¡20 audiencias!, lo que demoraría el debate un par de meses más, 15 años después de la denuncia inicial.
Negativas de información pública contra eltucumano.com
En noviembre de 2022, eltucumano.com, en el marco de la Ley 27.275 de acceso a la información pública en Argentina, que establece los principios y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información pública, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, presentó un pedido de acceso de información pública para acceder al expediente de la causa en el que supuestamente el fiscal Carlos Brito investigó y persiguió a los autores del robo a la Universidad Nacional de Tucumán de la ciudad universitaria que ordena construir “de acuerdo a los planos ya aprobados” el inciso b) de la ley 14771 con fondos de la empresa minera estatal Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio.
Tras no ecibir respuesta, la solicitud fue reiterada cuando habían transcurrido 4 meses y 25 días desde la solicitud original. El apoderado de nuestro diario impetró al TOF a cumplir en un plazo de 72 horas con el pedido que fuera incoado el 24/11/2022 sin mayores dilataciones y recordó que el secretario del Tribunal cuenta con un disco rígido entregado formalmente por el apoderado de nuestro diario el 24 de noviembre pasado, marca Seagate de 4 Terabytes que se encuentra en custodia en la caja fuerte del Tribunal a la espera de la carga de la información requerida.
eltucumano.com argumentó que la causa es de una enorme trascendencia e impacto para la vida de los tucumanos, ya que dilucidaría responsabilidades en la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria ordenada por la ley 14.771 de creación de YMAD, ocasionando un enorme perjuicio a la Universidad Nacional de Tucumán de características colosales. Además, el diario eltucumano demostró que la falta de resolución de la causa, que lleva más de una década en trámite, es perniciosa para la sociedad.
La respuesta en septiembre de 2023, cuando el Tribunal Oral Federal de Tucumán decidió denegar la solicitud de acceso al expediente.
El Tribunal que rechazó el acceso a la información estuvo integrado por Carlos Jiménez Montilla, del Tribunal Oral Federal de Tucumán y subrogando María Noel Costa, de la Cámara de Apelaciones Penal Federal N° 2 de Córdoba y Enrique Lilljedahl, de la Cámara de Apelaciones Penal Federal de Catamarca.
Los jueces rechazaron la solicitud que buscaba obtener acceso completo al expediente de la causa "Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" (expediente 400360/2010), así como a las causas/expedientes conexos y/o acumulados, considerando que la petición del diario "no puede acogerse en esta etapa del proceso, en aras de salvar las garantías del imputado Cerisola, máximo cuando nos encontramos cercanos a la efectiva realización del juicio oral y público".
Sin embargo, previo al rechazo del TOF, el Ministerio Público Fiscal ejercido por José Agustín Chit consideró razonables y atendibles los argumentos que fundan la solicitud de acceso al expediente por parte de nuestro diario, en aras del resguardo del derecho de acceso a la información pública, por lo que dictaminó que podía hacerse lugar a lo peticionado. Sin embargo, la defensa de los acusados (el ex rector Juan Cerisola y su secretario administrativo Luis Sacca, entre otros) se opuso al pedido argumentando que el diario no es parte del expediente y que el derecho de la comunidad a la información pública jamás puede estar por encima de derechos personalísimos de clara raigambre constitucional, como el derecho a la intimidad, la defensa, la igualdad de partes en el proceso y el debido proceso legal garantizado por la Constitución Nacional.
El TOF adujo que la información solicitada estaba sujeta a reserva legal, judicial o administrativa, y que su entrega resultaba susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. El tribunal citó el artículo 204 del Código Procesal Penal, que establece que "el sumario será siempre secreto para los extraños” y enfatizó que el derecho a la información no es absoluto y puede estar sujeto a excepciones del inciso g) de la Ley 27.275: (“Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación de algún delito u otra irregularidad o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso”).
En julio de 2024, este medio volvió a presentar un tercer pedido para acceder al expediente, aunque en esta ocasión, con una violencia institucional inusitada para una institución de la républica, el TOF se negó a recibir por su mesa de entradas pedido de acceso a información pública por parte del apoderado del eltucumano.com.
Vamos a implementar el SISTEMA ACUSATORIO en el distrito judicial más importante del país, Comodoro Py.
Este sistema, que rige exitosamente en los Estados Unidos y que todos conocemos por las películas, permitirá una justicia mucho más rápida, eficiente y transparente.•… pic.twitter.com/fz3O5Jzh8J— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) March 20, 2025
