Elecciones en la UNT: un nuevo fallo estira el suspenso y Pagani sigue inhabilitado para ser rector por tercera vez

En un nuevo e intenso capítulo de la crisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Juez Federal N° 2, Guillermo Díaz Martínez, resolvió este viernes "no hacer lugar" a la acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad interpuesta por la fórmula opositora conformada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala. La demanda, caratulada bajo el expediente 2857/2026, buscaba una interpretación judicial definitiva de los artículos 17 y 190 del nuevo Estatuto Universitario para impedir que el rector Sergio José Pagani aspire a un tercer mandato consecutivo.

Para rechazar el planteo, Díaz Martínez sostuvo que la acción declarativa de certeza tiene un carácter subsidiario y no es la vía idónea cuando existen mecanismos específicos de impugnación. El juez destacó que los propios actores ya habían acudido a la Junta Electoral de la UNT, la cual rechazó su impugnación contra la lista oficialista el pasado 11 de mayo mediante la resolución RES-JE-5370/2026.

Según el magistrado, el camino legal correcto es el recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones, tal como lo prescribe el artículo 32 de la Ley de Educación Superior (N° 24.521). En sus fundamentos, señaló que persistir con la acción de certeza mientras se sustancia la vía administrativa configura un "evidente venire contra factum proprium" y una "inaceptable duplicidad de vías" que altera el curso normal de las instituciones universitarias. Por esta complejidad y la "dificultad" del caso, el juez impuso las costas por su orden, reconociendo que los demandantes pudieron creerse con derecho a litigar.

La cautelar sigue firme y la crisis se profundiza

A pesar del revés procesal para la oposición en esta instancia, el escenario legal no ha variado sustancialmente: la medida cautelar dictada por la Cámara Federal el 15 de mayo —que excluyó de facto la candidatura de Pagani por considerar que violaba el límite estatutario de reelecciones— sigue plenamente vigente. Desde el entorno de los demandantes aseguraron que ya preparan una apelación y calificaron el fallo de Díaz Martínez como un "golpe de efecto" sin consecuencias jurídicas prácticas, que genera un alineamiento a los intereses del rectorado.

La situación en la UNT es de máxima tensión institucional. El 18 de mayo, la Junta Electoral, presidida por Fernando Valdez, decidió suspender la totalidad del proceso electoral y anular las oficializaciones de todas las listas, lo que motivó denuncias penales por desobediencia judicial y abuso de autoridad contra sus integrantes. Cabrera y Abdala sostienen que, al quedar como única fórmula habilitada tras la cautelar, corresponde su proclamación directa según los artículos 114 del Estatuto y 81 del Reglamento Electoral, y exigen jurar el 28 de mayo. En sus últimos escritos denuncian un “plan deliberado, secuencial y sistemático” del saabismo para tergiversar la cautelar federal y perpetuar su control.

Con el mandato de Sergio Pagani venciendo este 28 de mayo y la Asamblea Universitaria reprogramada para el 10 de junio, la incertidumbre institucional es total. La resolución final sobre si el actual rector puede o no competir por un nuevo periodo queda ahora, una vez más, exclusivamente en manos de la Cámara Federal de Apelaciones.

El fondo político que ningún expediente nombra

Detrás de cada resolución judicial, de cada resolución de Junta Electoral, de cada sesión del Consejo Superior presidida por el propio candidato inhabilitado, hay una variable que los escritos judiciales no nombran: YMAD. La reconfiguración de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio —empresa que administra recursos del proyecto Agua Rica y cuya producción mensual en oro supera los siete millones de dólares— en el mayor fondo de recursos no controlados de la UNT en décadas fue el factor que cambió la ecuación para Pagani. La retirada del Estado nacional de su directorio dejó al rector como operador central de una empresa minera cuya renta fluye sin los controles que antes imponía la presencia federal. Ese dato explica, mejor que cualquier argumento estatutario, por qué alguien que en noviembre de 2024 dijo "mi ciclo culmina al finalizar mi gestión actual" anunció en febrero de 2026 que "todo es posible".

Lo que se dirimió en el Juzgado Federal Nº 2 no es solamente si Pagani puede o no candidatearse. Es si la institucionalidad universitaria puede ser doblada por quienes la controlan desde adentro, usando sus propios instrumentos —la Junta Electoral, el Consejo Superior, los plazos administrativos, los incidentes procesales— como palancas para neutralizar lo que la Asamblea, el Estatuto y la Cámara Federal han dicho con claridad.