Piden la destitución de María Florencia Casas por blindar al "violador en suspenso" Rodolfo Burgos

Tras años de denuncias por irregularidades, la Dra. Daniela Marina Moris formalizó -en representación de su hija víctima de abuso sexual- un pedido de juicio político y destitución contra la Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa, María Florencia Casas. La acusación es contundente: falta de imparcialidad, negligencia inexcusable y la existencia de una red de influencias que las fuentes denominan abiertamente como el Clan Casas, que junto al Colegio de Abogados de Tucumán constituyen una "estructura de protección corporativa" al servicio de Rodolfo Tercero Burgos, el "violador en suspenso" que camina en libertad hace más de 500 días en nuestra provincia.

Tal como reveló eltucumano, el vínculo entre el condenado por abuso sexual infantil Rodolfo Tercero Burgos, y la familia de la jueza Casas no es una "mera relación social", sino un entramado funcional y afectivo de décadas que ya fue corroborado en expedientes judiciales. Los hitos que sostienen la denuncia de Moris apuntan a un sistema de "beneficios cruzados":

- El Padrinazgo Inicial: en 1994, Burgos ingresó al Tribunal Oral Federal a instancias de Gabriel Casas (padre de la jueza y entonces "hombre fuerte" del tribunal), quien lo designó como Oficial Mayor Relator.

- Vínculos Sentimentales: la jueza de Impugnación, Laura Julieta Casas (hermana de Florencia), fue pareja de Burgos durante más de doce años, integrándolo de forma definitiva al núcleo familiar.

"20 años no es nada"

Lla denuncia aporta pruebas de la amistad íntima entre el esposo de la jueza Casas, Carlos Arias, y Burgos. En redes sociales, el propio Burgos posteó fotos con Arias acompañadas por la frase "¡20 años no es nada!", comentario que incluso fue celebrado con un "¡Felicidades!" por otros miembros de la justicia tucumana. La jueza María Celeste del Huerto Silva, que en el marco de expedientes de familia en juicio de violencia de género, donde la menor y la madre son víctimas, solicitó allanamientos en el hogar de la niña y en el colegio donde asistía semanas antes del inicio del juicio contra Burgos.

El pedido de juicio político se fundó en el desempeño de la Dra. Casas en una causa de Habeas Data iniciada por la denunciante Moris contra el Colegio de Abogados de Tucumán: allí, la madre de la menor víctima de Burgos denunció que la magistrada habría actuado como un "escudo" para el "violador en suspenso".

Se le atribuye haber dictado resoluciones "extra petita" —es decir, que nadie le pidió— como ordenar de oficio que se certifique la "supuesta firmeza" de la sentencia de Burgos, una maniobra que la denunciante califica como un intento de blanquear su situación ética ante el Colegio de Abogados.

Además, la acusa de convalidar una "simulación de cumplimiento" por parte del Colegio de Abogados, aceptando información incompleta y retaceada sobre los antecedentes del abogado.

El "silencio cómplice" del Colegio de Abogados

La denuncia no ahorra críticas hacia la institución que debería velar por la ética profesional. Moris sostiene que el Colegio de Abogados mantuvo un "silencio cómplice" para proteger a Burgos, quien integra la lista oficialista "Celeste y Blanca" (Bernardo de Monteagudo), hoy al frente del Colegio.

"Es particularmente grave que Burgos continúe proyectando una apariencia de normalidad profesional y política dentro de ámbitos colegiados, mientras su situación procesal aún se debate en instancias federales", reza el escrito presentado ante la comisión de juicio político.

El Colegio de Abogados de Tucumán, bajo la presidencia de Alberto López Domínguez, atraviesa una de las etapas más opacas y cuestionadas de su historia institucional. En medio de discursos públicos sobre perspectiva de género y defensa de derechos, la realidad expone una estructura atravesada por el silencio y la inacción frente a hechos gravísimos. Durante esta gestión no se dio curso a las denuncias formuladas contra Rodolfo Burgos “el ekeko”, posteriormente condenado por abuso sexual, consolidando una alarmante protección corporativa dentro del propio sistema. Del mismo modo, tampoco se otorgó trámite al pedido de juicio político presentado contra la jueza María Florencia Casas, dejando en evidencia un patrón de encubrimiento, indiferencia institucional y absoluta falta de transparencia. La ausencia de respuestas concretas frente a denuncias de semejante magnitud terminó detonando una profunda crisis de credibilidad en una institución que, lejos de garantizar control ético y justicia, aparece hoy señalada por su pasividad y complicidad.

Rodolfo Tercero Burgos, el "violador en suspenso" que camina hace más de 500 días libre por Tucumán

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y los vocales Daniel Posse y Claudia Sbdar, anularon la condena a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de su hija menor de edad porque la defensa de Burgos no pudo interrogar a la psicóloga que alertó que la menor había sido ultrajada, lo que se corroboró a partir del testimonio de la niña en Cámara Gesell. Burgos fue condenado por violación, pero no pasó ni un día preso y los cortesanos dispusieron que tenga un nuevo juicio, donde incluso no se le podrá imponer una pena mayor a la original.

Según el portal Tendencia de Noticias –propiedad del grupo económico Los Balcanes de Jorge Rocchia Ferro–, los cortesanos Leiva, Posse y Sbdar "coincidieron en que durante el juicio se vulneraron garantías fundamentales del debido proceso y del derecho de defensa, particularmente en relación con la imposibilidad de interrogar a una testigo considerada central en la acusación". De esa manera, dejaron sin efecto la condena que impuso hace 14 meses la Cámara Penal Conclusional.

El citado medio explicó que la defensa de Burgos apeló porque consideró que "la sentencia se apoyó en declaraciones incorporadas por lectura sin que el imputado pudiera ejercer el derecho a contrainterrogar a la psicóloga que había intervenido en la causa y cuyos informes fueron valorados como prueba relevante". Los supremos le dieron la razón al poderoso Burgos, que obtuvo un fallo favorable y no pasó ni un día tras las rejas.

Leiva, Posse y Sbdar también otorgaron otro beneficio a Burgos al determinar que "en caso de dictarse una nueva condena, no podrá imponerse una pena más grave que la fijada originalmente".

La psicóloga N. M. fue la profesional que detectó los indicios del abuso sexual sufrido por la hija de Daniela Marina Moris, y fue precisamente su informe pericial el que se convirtió en prueba central del proceso: en abril de 2022, los abogados de Moris afirmaron a eltucumano.com que el abuso estaba acreditado por pericias psicológicas, el testimonio de la menor en Cámara Gesell el 7 de septiembre de 2021, y dos videos que probarían la “corrupción sexual” a la que Burgos sometía a la niña. Lo que el expediente judicial no exhibe con igual visibilidad es que la psicóloga N. M. no fue solo testigo del daño: ella misma fue víctima del acoso de Rodolfo Burgos, al punto de que el fiscal Fernando Blanno, titular de la Fiscalía de Violencia de Género y delitos contra la integridad sexual, dispuso en el marco del Legajo N° 040275/2021 una restricción de acercamiento de Burgos hacia la profesional, N.M. que grafica con crudeza el patrón de hostigamiento inmutable que el imputado desplegó sobre quienes se interpusieron en su camino.

La defensa de Burgos pidió la anulación de la condena alegando que no pudieron interrogar a N. M., y la Corte Suprema le concedió la anulación. El máximo tribunal formuló reproches técnicos al proceso, pero no determinó que Rodolfo Tercero Burgos no fuera un violador: simplemente lo resignificó como un “violador en suspenso” a la espera de un nuevo proceso judicial.

"Son imágenes altamente sensibles que prueban, ya no el abuso de Burgos, sino la corrupción a su hija y fue cuando la chiquita iba a la casa de Burgos en el marco de régimen comunicacional, ahí se producían los abusos", explicaba la defensa de Moris.

El régimen de revinculación fue establecido por una exjueza que este medio no puede nombrar debido a un bozal legal de censura previa.

Violencia Institucional y Revictimización

El eje central y más doloroso de la presentación es la situación de la hija de Moris, una niña que se encuentra en una triple condición de vulnerabilidad: por ser mujer, niña y víctima de violencia sexual.

La denuncia sostiene que la Dra. Casas, al no excusarse de la causa —a pesar de que Burgos se refería a ella afectuosamente como "La Mocha"—, cerró un "espiral de violencia institucional".

En ese marco, recordó que la madre de la jueza, la ex camarista Ester Valderrábano de Casas, ya había sido apartada previamente de causas vinculadas a Burgos tras intentar forzar una "revinculación" de la menor con su agresor, ignorando pericias psicológicas que advertían sobre el daño a la niña.

El pedido solicita la formación de un Jurado de Enjuiciamiento y la destitución inmediata de la Vocal Casas, argumentando que su permanencia deshonra la magistratura y garantiza un escenario de impunidad estructural en Tucumán.

Moris requirió a la Superintendencia de la Corte una auditoría inmediata de la totalidad de las actuaciones dictadas por la Dra. María Florencia Casas en el Expte. N° 18/26, incluyendo el informe presentado en virtud del Art. 117 CPCC donde negó vínculos con el abogado Rodolfo Tercero Burgos — vínculos que son de público y notorio conocimiento y han sido comprobados en sede judicial.

Además, requirió una medida cautelar de la Superintendencia que impida a la vocal Dra. María Florencia Casas intervenir en cualquier causa presente o futura vinculada, directa o indirectamente, al abogado Rodolfo Tercero Burgos, mientras se sustancia la presente denuncia.

Finalmente, exigió que se le otorgue trámite urgente por encontrarse comprometidos los derechos fundamentales de una niña (B.M.) en triple condición de vulnerabilidad — mujer, niña y víctima de violencia sexual —, con aplicación del estándar reforzado de protección exigido por la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 3), la Convención de Belém do Pará y las 100 Reglas de Brasilia.

La misma fue recibida y se le ha asignado el número de expediente 9299/26.