Yerba Buena, a merced de concejales "fantasmas"

Hicieron caer seis sesiones seguidas del Concejo Deliberante en 2016 hasta imponer a uno de los suyos como Presidente del cuerpo legislativo. Protagonizaron un fallido golpe institucional en la Municipalidad de Yerba Buena, al intentar remover de su cargo al jefe de Gabinete y nombrar en su lugar a un discutido gremialista. Hace 11 meses impiden la asunción de un concejal, haciendo caso omiso a un fallo judicial. Aparecen. Desaparecen.

Son cuatro los responsables de esta oleada de hechos que atentan contra la institucionalidad y el normal funcionamiento de la herramienta más democrática con la que cuenta una ciudad para su desarrollo. Son cuatro los que ─por intereses insondables─ mantienen a los ciudadanos rehenes de un conflicto que les es completamente ajeno.

Los "sospechosos de siempre", al menos desde octubre del año pasado, cuando comenzaba el proceso de renovación de autoridades del Concejo, son los radicales Benjamín Zelaya y Maximiliano García, y los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz. Dificultan desde entonces la realización de sesiones y, por ende, el avance del municipio que ─se supone─ deben legislar.

En Yerba Buena se da una extraña mezcla de alianzas, que están determinadas por la afinidad con el intendente Mariano Campero más que por el color político. Dos radicales y dos peronistas conviven como un partido contra la actual gestión. Otros tres concejales ─un radical, otro de Cambiemos y uno del Acuerdo para el Bicentenario (ApB)─ permanecen fieles al jefe municipal. Por último, un dúo rebelde ─del PRO y del ApB─ que por momentos desconcierta por sus idas y vueltas con los otros dos bloques, mantiene una postura anticamperista. Un 4-3-2 al que le falta un jugador, el concejal Rodolfo Aranda, que debía asumir hace 11 meses en lugar de Lisandro Argiró ─que solicitó licencia para asumir como secretario de Gobierno municipal─ para completar el mediocampo. Una mayoría radical que no le es funcional a su conductor.

La relación entre el Concejo Deliberante y la Municipalidad arrancó bien; no se registraban mayores diferencias y el órgano parlamentario mantenía un funcionamiento normal. Con Argiró aún en su banca, oficialistas y opositores trabajaban proyectos en conjunto, como la Emergencia en Seguridad propuesta por el saliente edil y Zelaya. El voto ─al menos a simple vista─ no estaba condicionado por la simpatía con el Poder Ejecutivo.

De hecho, tanto Zelaya como Argiró obtuvieron sus bancas por acoples con Campero y actualmente transitan veredas completamente opuestas. García y Cerúsico también apoyaron su candidatura como candidatos por el ApB.

Las internas de la UCR en las que se impuso Campero en Yerba Buena y donde García resultó despojado de su aspiración a la presidencia de la Juventud Radical, fueron determinantes en el quiebre del centenario partido en la Ciudad Jardín. Sumada la derrota del legislador Ariel García ─hermano del concejal y líder del movimiento Boinas Blancas─ a manos del candidato impuesto por José Cano, el rompecabezas comienza a tomar forma.

Allegados al intendente recuerdan haberle advertido no participar en las elecciones partidarias para mantener la buena relación con los correligionarios de la lista rival.

Desde el camperismo sospechan que la parálisis que el Concejo sufrió en 2016 tuvo su base de operaciones en la Legislatura. La cercanía demostrada por los cuatro concejales opositores con Ariel García y con el vicegobernador peronista Osvaldo Jaldo supone ─según ellos─ el origen de maniobras con el claro objetivo de generar una crisis institucional en la Ciudad Jardín. Hay quienes llegaron a sospechar de un plan para povocar la intervención del municipio; y es que el conflicto de poderes que se registra actualmente, descrito en el artículo 50 de la Ley 5.529 de Municipios, habilita al gobierno de la provincia a hacerlo mediante un Decreto de Necesidad de Urgencia.

Los parlamentarios municipales fueron invitados en más de una ocasión a participar de reuniones y actividades en las que estuvieron presentes el ahora candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista por Tucumán y el líder de Boinas Blancas. Si algo tienen en común es su repudio a Cano y afines, entre los que figura el intendente yerbabuenense.

En noviembre pasado, el legislador radical dedicó cerca de 20 minutos durante una sesión para justificar el accionar de los cuatro concejales ─incluso de los peronistas─ que no dieron quórum durante seis sesiones consecutivas y que hasta el día de hoy retrasan la asunción de uno de sus pares. Según él, los ediles eran víctimas de "irregularidades políticas".

Esta semana la Justicia consideró arbitrario el accionar de los ediles. No sólo eso, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán exigió "razonabilidad" a la hora de analizar si el reemplazante de Argiró reúne las condiciones para ocupar su banca. Un mensaje claro y contundente, que no fue respetado.

Los encargados de dar cumplimiento a la resolución judicial eran los mismos que en 2016 impidieron el normal funcionamiento del Concejo: Maximiliano García, Walter Aráoz y Héctor Aguirre, que integran la comisión de Peticiones, Poderes y Legales, área que determina si el tema ocupa un lugar en el orden del día; y Benjamín Zelaya, que como presidente del cuerpo tiene la facultad de definir los asuntos ─a gusto y placer─ cuando se trata de sesiones especiales.

La última carta bajo la manga de los cuatro jinetes del apocalipsis institucional era revocar la licencia del actual secretario de Gobierno para no dar lugar a Aranda. La maniobra fue llevada a la práctica este jueves por la mañana, en la sesión que debía resolver la situación del proscripto edil.

Resulta cuanto menos curioso que, en noviembre de 2016, Zelaya y compañía denunciaran a Javier Jantus ─entonces presidente del Concejo─ por abuso de poder al modificar la comisión que debía tratar la postergada asunción. La medida no prosperó. Un año después, la Justicia determina que el actual titular del órgano deliberativo tuvo un accionar "desproporcionado", que se extralimitó al impedir la toma de poseción de un cargo fundamentando la falta de un certificado. Según la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el Concejo Deliberante ya cuenta con un informe de la Junta Electoral Provincial ─a pedido del mismo Concejo de Yerba Buena─ que indica que Aranda sucede en la lista al concejal Argiró antes electo. "Comporta una desproporción evidente y un exceso ritual manifiesto", se detalla en la resolución judicial.

El cuarteto de concejales "fantasmas", que durante la mitad de su mandato se dedicaron a faltar a las sesiones para no dar quórum, demuestra no respetar a la Justicia y mucho menos la voluntad popular.